De delito a crimen: la ley que cambió el mapa
Desde que entró en vigencia la Ley Nº 6830/2021, conocida popularmente, aunque de forma imprecisa, como “Ley Riera-Zavala”, la invasión de inmuebles ajenos dejó de ser un simple delito para convertirse en crimen. La norma modificó el artículo 142 del Código Penal, elevó la pena hasta 10 años de prisión y eliminó las medidas alternativas a la cárcel.
“Se han logrado grandes avances y, afortunadamente, ha bajado la cantidad de invasiones”, señala el Dr. Diego Torales, representante de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Hoy –dice– solo quedan focos puntuales en San Pedro, Canindeyú y partes de Caaguazú.
El país tiene aproximadamente 30,4 millones de hectáreas destinadas a fincas de producción agropecuaria. Una parte considerable de ese territorio todavía carece de un documento que acredite la propiedad, un vacío que, según el gremio rural, alimenta buena parte del problema de fondo.
2017, el año de las grandes invasiones
El contraste con el pasado reciente es marcado. “En 2017, cuando el presidente de la ARP era Luis Enrique Villasanti(+), presentamos como gremio la preocupación por más de 50 establecimientos invadidos, que superaban largamente las 100.000 hectáreas”, recuerda Torales. Los casos se concentraban en San Pedro, Caaguazú, Canindeyú y algunas zonas de Alto Paraná.
“Fue un momento en el que estábamos muy desprotegidos: te invadían la propiedad y no podías hacer nada durante dos, tres o cuatro años”, grafica el dirigente.
El verdadero latifundista es el Estado
Para Torales, buena parte del problema nace de un discurso de necesidad de tierras que no se condice con los números. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) administra más de 3.000.000 de hectáreas. “El mayor latifundista realmente es el propio Estado”, sostiene.
Sin títulos, el sector campesino queda condenado a la informalidad. “Para trabajar con garantía jurídica necesitás tu título de propiedad. Si comenzás a titular al campesino, él tiene seguridad jurídica, puede ir a una entidad crediticia formal y no recurre a usureros ni a invadir tierras”, explica.
Lo que está en juego: US$ 200 millones
Un sector político, según Torales, impulsa derogar la ley. El cálculo económico de esa posibilidad es contundente. “Si hoy tuviéramos 100.000 hectáreas invadidas e improductivas, y cada hectárea produce US$ 2.000 de ganancia por dos cultivos al año, por lo bajo, estaríamos hablando de más de US$ 200 millones que se dejan de ganar en soja y maíz”, proyecta, tomando como referencia el escenario de 2017.
El riesgo no se limita a lo productivo. Paraguay atraviesa un momento de visibilidad internacional, con mejoras de calificación otorgadas por certificadoras de inversión que habilitan la llegada de capitales extranjeros. En Caraguatay, una reforestadora de capital extranjero ya trabaja unas 14.000 hectáreas. “Todos esos capitales llegan gracias a la cartelera que tiene hoy Paraguay como lugar para las inversiones”, subraya Torales.
Esa reputación –insiste– es un activo que no se construye rápido, pero se pierde rápido. Cualquier señal de retroceso en la protección de la propiedad privada repercute directamente en la decisión de un inversor que evalúa su desembarco entre varios países de la región.
Debilitar la ley –advierte– enviaría la señal opuesta. “Estaríamos mostrando debilidad, un desapego al orden y al derecho”. Legislar de manera populista y perdonar a quienes invaden violentamente – agrega– sería un retroceso institucional con costos que exceden lo económico.
La salida: titular el 100% de la tierra
La respuesta que propone la ARP no es solo punitiva. “Una gran solución es titular el 100% de las tierras en Paraguay, porque el país ya creció todo lo que tenía que crecer”, plantea Torales, aunque aclara que la frontera productiva sigue abierta en el Chaco, donde continúan explorándose distintos rubros.
Para el dirigente, el orden de prioridades es claro: primero la seguridad física, policial, de vida y, luego, la seguridad jurídica, que se construye con la titulación completa de las propiedades. “Dediquémonos a producir, pero primero hay que garantizar eso”, cierra.