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Como pocas veces una alta autoridad se animó a revelar ante la ciudadanía y desde el Congreso Nacional cómo opera este esquema, a nivel local y con conexiones internacionales bien “grossas”.
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Ni bien concluyó la exposición de Giuzzio los cartistas recibieron la orden de “apretar el gatillo” en las redes sociales contra el ministro del Interior. Muy predecible todo.
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Obviamente no le van a felicitar. Giuzzio es el “enemigo público” número 1 para el “Patrão” y sus satélites desde que denunció en el 2014 –cuando el ministro se desempeñaba como senador– los fuertes vínculos entre algunos políticos y el narcotráfico.
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El Senado asumió la denuncia de Giuzzio –durante el Gobierno de Cartes– y presentó en la Fiscalía General del Estado para que se investigue. La administración del ahora acusado Javier Díaz Verón no hizo nada.
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En marzo de 2018 asume Sandra Quiñónez. Congeló aún más el expediente. Hay que unir con flechas.
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En mayo de 2020, en Diputados salvaron a Quiñónez, acusada de mal desempeño. Caso cerrado.
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Y aquí cabe la pregunta: ¿hay voluntad política desde el Ministerio Público de investigar hechos de corrupción o es una institución manejada por políticos para apretar a “enemigos” y “blanquear” a amigos?
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Esta mañana en sesión extra de Diputados los cartistas estarán rabiosos buscando votos para cumplir con mano a la visera la orden de su “único líder”. Veremos quiénes están alineados al “Patrão” y quiénes no. Otro duro examen se avecina.
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Con Sandra Quiñónez y el imputado gobernador de Central se aplazaron. Votaron la impunidad. Veremos si hoy se convierten de vuelta en la “Cámara de la Vergüenza”.
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Cuentan los que saben que en una secretaría del Ejecutivo trabaja una peruana como administradora. Hace lo que quiere e ignora olímpicamente la meritocracia a la hora del aumento de salarios.
