El escenario financiero de Itaipú ha sido complicado desde sus inicios, con la entidad acumulando una considerable deuda, que recién en febrero de 2023 fue saldada con más de 63 millones de dólares. Sin embargo, la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú está a la vuelta de la esquina, y el silencio del gobierno sobre las negociaciones genera preocupación. Se teme que se estén negociando intereses corporativos en secreto, con posibles beneficios que se presentarían como grandes logros para el gobierno, pero que podrían dejar a la ciudadanía y a los trabajadores paraguayos en una situación de desventaja.
La revisión del Anexo C no solo implica un ajuste en los términos del acuerdo original, sino que también podría significar un cambio significativo en la naturaleza jurídica de Itaipú. En lugar de avanzar hacia una mayor transparencia y control por parte del Estado paraguayo, se observa una tendencia preocupante hacia una mayor integración de Itaipú en el mercado financiero global.
Durante la administración de Horacio Cartes, y en los años siguientes, se ha discutido la posibilidad de que Itaipú emita bonos soberanos y se involucre más activamente en el mercado de capitales. Esta propuesta sugiere que Itaipú podría empezar a operar de manera más especulativa, asumiendo roles más cercanos a los de las grandes entidades financieras internacionales, en lugar de enfocarse en el desarrollo sostenible y el beneficio de la ciudadanía.
Este posible cambio en la naturaleza jurídica de Itaipú plantea varias interrogantes cruciales. La entidad podría convertirse en una entidad binacional que se rige por normas propias, alejándose del control y la transparencia que deberían caracterizar a una empresa nacional. Esto podría resultar en una Itaipú que, en lugar de servir al desarrollo de ambos países, se concentre en los intereses de unos pocos y en el lucro derivado de la especulación financiera.
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La situación actual exige una vigilancia rigurosa y un debate abierto sobre el futuro de Itaipú. La pregunta fundamental que debemos responder es si queremos una Itaipú al servicio del desarrollo integral de los pueblos o una Itaipú destinada a beneficiar a unos pocos en el mercado financiero global. La revisión del Anexo C y la discusión sobre la naturaleza jurídica de Itaipú deben llevarse a cabo con total transparencia y con un enfoque en el interés general.
Es imperativo que la ciudadanía y los representantes políticos mantengan una postura crítica y proactiva en este proceso. La gestión futura de Itaipú debe orientarse hacia una mayor transparencia, responsabilidad y enfoque en el desarrollo sostenible, asegurando que esta importante entidad continúe beneficiando a todos y no solo a unos pocos privilegiados.
*Perla Godoy es abogada, socióloga y Master en Ciencias Sociales. Integrante de la Campaña Itaipu ñane mba’e / @itaipunanembae