En el mes de julio, varios reclusos burlaron la seguridad del Centro Penitenciario “Martín Mendoza” de Emboscada, luego de desconectar cámaras de circuito cerrado. La información se dio a conocer y el Ministerio de Justicia (MJ) dispuso la desvinculación de algunos funcionarios y del director, Tomás Bolaños.
Del Penal de Tacumbú, Armando Javier Rotela fue derivado a la llamada cárcel de máxima seguridad. Aquí también, el criminal rompió cámaras que los monitoreaba, usando aparentemente sábanas y una botellas. La forma de actuar, en un lugar en el que debían estar mejor controlados, pone en destaque nuevamente al líder de este clan dentro de las cárceles.
El experto en Criminología, Juan Martens sostuvo en ABC AM 730 que Rotela sabe aprovechar la improvisación de la cartera de Justicia para amenazar y chantajear a funcionarios penitenciarios. Afirmó que la que se califica como una prisión de “máxima seguridad”, en realidad no la es.
“La de Emboscada no tiene infraestructura, ni el personal adecuado. Las imágenes demuestran que esta sede no es de máxima seguridad. No hay escáner y falta más inversión”, resaltó.
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“Fue secretario de Pavão y quiere parecerse al PCC”, expresó Martens
El especialista mencionó que Rotela es una persona con poder, porque ordena muertes. “Él quiere parecerse al Primer Comando Da Capital (PCC ). Fue secretario de Jarvis Chimenes Pavão e impregnó en su clan, el modelo pero a lo paraguayo”, refirió.
De acuerdo a los datos que Martens maneja, el peligroso delincuente organizó una red nacional. Además, supo distribuir a dos hombres suyos, uno en San Pedro y otro a Concepción, antes del operativo Veneratio. Comentó que en todos los departamentos su gente vende cocaína, crack y marihuana.
Luego de una investigación que hizo mediante observaciones, el experto comprobó que dentro de Tacumbú se vendía entre 3 y 4 kilos de cocaína, generando ingresos económicos. “Así corrompe a los funcionarios penitenciarios. Es difícil estimar el dinero que mueve”, dijo.
Pasado un mes de su traslado, Rotela volvía a tener comunicaciones. “En un principio alquilaba los aparatos celulares de funcionarios. Pagaba G. 15 mil por cada llamada. Incluso llegó a pagar hasta G. 7 millones para comunicaciones”, enfatizó.
Propone como solución un verdadero aislamiento
Consultado de cuál sería la fórmula para erradicar este poder, la solución es el aislamiento. “Hay que impedir que se comunique con sus miembros. También se debe luchar contra corrupción y debe dejar de haber directores por cupo político tras campañas electorales.
Los guardiacárceles tienen que estar preparados y entrenados correctamente, concluyó.