El abogado Guillermo Ferreiro calificó el caso del sobreseimiento del senador cartista Hernán Rivas como el punto culminante de un proceso de debilitamiento de las instituciones vinculadas al sistema de justicia.
Sostuvo que la designación de Rivas —con escasa o nula experiencia profesional— en instancias clave como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados reflejó la falta de reacción del propio gremio jurídico.
“Se naturalizó que esto iba a ser así”, lamentó, cuestionando la ausencia de una respuesta contundente de abogados y jueces ante lo que consideró una situación irregular desde el inicio.
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Críticas al Ministerio Público y al proceso
Ferreiro también apuntó a la actuación de la Fiscalía, señalando demoras en la imputación y una formulación confusa de los hechos.
Según explicó, la acusación mezcló conductas distintas —producción y uso de documentos falsos— lo que habría facilitado que se acerque la prescripción de los hechos punibles.
A su criterio, esto terminó favoreciendo un escenario que permitió el sobreseimiento del legislador.
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“Un fallo peligroso que crea el crimen perfecto”
El abogado cuestionó además la interpretación judicial sobre la prescripción, advirtiendo que sienta un precedente riesgoso.
Explicó que, según esta lógica, una persona podría falsificar un documento, esperar a que prescriba el delito y luego utilizarlo sin consecuencias penales.
“Es un fallo muy peligroso, no tiene sentido”, afirmó, al tiempo de advertir que la dilación del proceso podría derivar en la extinción total de la acción penal.
Peralta califica la resolución como “catastrófica”
Por su parte, la abogada Alejandra Peralta consideró que la decisión judicial es “una de las más catastróficas en tiempos de democracia”.
Explicó que la acusación fiscal se basaba en dos tipos penales: la producción de documentos públicos falsos y el uso de esos documentos, contemplados en artículos distintos del Código Penal.
Según indicó, ambos delitos pueden analizarse de manera independiente y no necesariamente dependen uno del otro, como interpretaron los jueces.
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Cuestionan cálculo de la prescripción
Peralta sostuvo que la base del análisis judicial es errónea, ya que la presunta declaración falsa clave se habría dado al momento de obtener la matrícula profesional en 2021.
En ese sentido, afirmó que el plazo de prescripción aún no se habría cumplido, lo que agrava la decisión de los magistrados.
“Ni siquiera se puede hablar de prescripción”, enfatizó, señalando que la interpretación judicial contradice los elementos de la propia acusación fiscal.
Un fallo que reaviva la desconfianza
Ambos juristas coincidieron en que el caso trasciende la situación particular de Hernán Rivas y refleja un problema estructural del sistema judicial.
Advirtieron que decisiones como esta profundizan la desconfianza ciudadana y refuerzan la percepción de impunidad.