El dirigente campesino y político, Elvio Benítez, continúa sometido a proceso judicial y permanece con tobillera electrónica. Los manifestantes consideran que las medidas judiciales impuestas al dirigente constituyen una persecución y criminalización de la lucha social.
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La movilización busca presionar para que la Justicia revise las restricciones que le impiden desplazarse libremente.
El dirigente campesino Eulalio López, dijo que consideran injusta la situación de Benítez y reclamó que se le permita recuperar su libertad ambulatoria.
Ernesto Benítez, hermano del dirigente, afirmó que los demás procesados en la misma causa recuperaron su libertad mediante medidas alternativas, mientras que Elvio continúa vive en Santa Rosa del Aguaray. La familia interpreta esta diferencia como una posible persecución directa.
Alba Ocampos advirtió que la movilización es el inicio de una serie de acciones y que, si no obtienen una respuesta favorable al pedido de libertad, las protestas podrían intensificarse.
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Dos procesos judiciales
Elvio Benítez enfrenta dos causas penales. En una de ellas, por presunta apología del delito, obtuvo medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, continúa con restricciones electrónicas y permanece en una vivienda de Santa Rosa del Aguaray.
La segunda causa está relacionada con los hechos registrados durante el conflicto por la estancia Lusipar, donde fue imputado por supuestos hechos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio, entre otros cargos vinculados al enfrentamiento registrado en el predio cuando fue invadido por un grupo de personas el 5 de diciembre de 2025.
La defensa del dirigente solicitó nuevamente la revisión de las medidas cautelares en esta segunda causa, con el objetivo de obtener también su libertad ambulatoria.
La fiscal Laura Romero intervino en la causa por presunta apología del delito, mientras que la investigación relacionada con el conflicto de Lusipar involucró a la fiscal Marlene Florentín.
De la prisión preventiva a la tobillera electrónica
Benítez permaneció recluido en la Penitenciaría de Emboscada después de presentarse voluntariamente el 28 de abril en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, tras permanecer casi cinco meses con orden de captura.
Su presentación se produjo un día después de anunciar públicamente su candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Convergencia Popular Socialista. Posteriormente, fue trasladado a Asunción y remitido a la penitenciaría.
Más adelante, obtuvo medidas sustitutivas a la prisión en una de las causas que enfrenta, aunque continúa sometido a restricciones judiciales.
Fiscalía acusa a 29 campesinos y solicita juicio oral
En paralelo, el Ministerio Público presentó acusación formal contra 29 campesinos procesados por el intento de ocupación de la estancia Lusipar y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
La acusación fue presentada por la fiscal Gloria Florentín, junto con los fiscales Juan Daniel Benítez, José Alberto Godoy y Laura Romero.
Ahora, el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray deberá convocar a una audiencia preliminar para determinar si el expediente reúne las condiciones para avanzar a juicio oral.
Los acusados enfrentan cargos por presunta invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso. Todos recuperaron su libertad mediante medidas alternativas luego de permanecer inicialmente bajo prisión preventiva.
El enfrentamiento en la estancia Lusipar
Los hechos investigados ocurrieron el 5 de diciembre de 2025, cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos intentó ingresar a la estancia Lusipar, ubicada en Santa Rosa del Aguaray.
Durante el operativo se produjo un enfrentamiento que dejó dos policías heridos por disparos de arma de fuego, además de varios campesinos lesionados, daños a vehículos policiales y la incautación de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
Tras las detenciones, organizaciones campesinas realizaron distintas movilizaciones para exigir la liberación de los procesados y la devolución de los bienes incautados.
Continúa la disputa por las tierras administradas por la Senabico
La estancia Lusipar tiene una extensión aproximada de 11.000 hectáreas y se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), luego de ser decomisada tras la captura del narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como “Cabeça Branca”.
El conflicto gira, entre otros puntos, en torno al arrendamiento del inmueble a particulares, mientras organizaciones campesinas reclaman que las tierras sean destinadas a la reforma agraria.
Con la acusación fiscal presentada contra los 29 campesinos, el caso entra en una etapa decisiva. La resolución del Juzgado de Garantías determinará si los acusados deberán enfrentar un juicio oral y público, mientras las organizaciones campesinas mantienen sus reclamos y ahora exigen que Elvio Benítez pueda recuperar su libertad ambulatoria.