El proyecto de ley “que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay” figura para su tratamiento como punto 13 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para mañana a las 9:00, y, pese a la premura y el escaso debate en Cámara Baja, no se descarta que sea sancionado en la fecha, más allá de mencionarse varios aspectos polémicos.
La iniciativa tuvo la media sanción del Senado el pasado 16 de octubre (hace menos de un mes), y tiene varios puntos conflictivos, como la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac, dependiente del Ejecutivo) presuntamente en represalia por destapar el caso “Avión Iraní”; asimismo, la creación del un “Consejo Nacional Anticorrupción” que estaría copado por afines al Gobierno; también motiva polémica la sumatoria de poder para la Contraloría.
En lo que hace al “Consejo Nacional Anticorrupción”, el proyecto de ley establece que “estará conformado por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada Cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la CGR”, lo que con la mayoría que tiene actualmente el cartismo en ambas cámaras, e influencia en otros órganos del Estado, abre la posibilidad de un nuevo copamiento.
¿Investigaciones direccionadas?
Según el Contralor, este órgano no va dictar órdenes a la Contralorías sobre qué o a quién investigar, sino que se enfocará más en políticas “preventivas” antes que las funciones represivas que constitucionalmente corresponde a la CGR.
“El Consejo no va a resolver ningún caso de corrupción per se (por sí mismo, en latín), lo que si dentro del Consejo se tienen que generar las alianzas para coordinar la lucha contra la corrupción” en materia preventiva, ya que lo que se busca es coordinar políticas de integridad y “para que seamos un poco más eficientes en la lucha contra la corrupción y no que cada uno estire el carro hacia el lado que quiere”, sostuvo Benítez.
Enfatizó que, supuestamente, el Consejo no le puede ordenar a Contraloría qué auditorías debe impulsar y cuáles frenar, lo cual, según refirió, seguirá en manos de manera “autónoma” de dicha institución, ya que la Constitución establece parte de la política de represión a la corrupción es facultad exclusiva de la CGR.
Con este Plan Nacional, “No es que la prevención sustituye a la represión. La represión es sumamente importante y es la clave. La Contraloría debe seguir denunciando, el Ministerio Público debe seguir realizando de persecución penal y el Poder Judicial debe sancionar a los corruptos y deben ir a la cárcel, pero esto es otra mirada, de estandarizar los criterios para la prevención”, insistió.
Reconocen descrédito pero no creen que pueda empeorar
Al remarcarle que es difícil de creer del supuesto “interés” de las autoridades en combatir la corrupción, ya que en ambas Cámaras del Congreso se registraron cientos de casos de nepotismo, que luego fueron apañadas por el propio presidente de la República, Santiago Peña, el contralor Camilo Benítez dijo ser consciente del descrédito que hay por parte de la ciudadanía, pero sostuvo que esta ley no empeoraría esto.
“Creo que el descreimiento es real y válido, en términos generales, pero está ley no resta absolutamente nada. Lo único que hace es sumar. Que la ley va a solucionar todos los problemas…y es imposible responder a esa pregunta, pero es necesaria (...). Puede seguir habiendo descreimiento, pero esta ley no va a hacer que el descreimiento suba, en todo caso va a ser igual”, dijo.
Respecto a la eliminación de Senac, sostuvo que la absorción no implicará un gran crecimiento para la Contraloría, ya que la secretaría cuenta solo con 14 funcionarios y un presupuesto anual que ronda los G. 2.500 millones, pero remarcó que sobre todo es importante dar facultades a una institución no ligada directamente al Ejecutivo.
Acotó que con esto también se cumplirían acuerdos internacionales relacionados a la protección de denunciantes de hechos de corrupción y “se le da una obligación a la Contraloría al establecer un plazo para que pueda resolver las denuncias”.