Contradicción mayúscula la de la bancada mayoritaria en Diputados, la de Honor Colorado. El pasado martes despotricaron contra el ministro del Interior, Enrique Riera y el comandante de la Policía, Carlos Benítez por haber “osado” someter a un control en la vía pública a la diputada cartista Liz Acosta, y ahora buscan tratar el proyecto de ley del diputado cartista Yamil Esgaib para permitir que la policía tenga acceso a cámaras de seguridad privadas que graben espacios públicos, principalmente la calle.
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Se trata del proyecto de ley “que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana”, que fue incluido como punto 11 del orden del día de la sesión ordinaria convocada para el próximo martes 26 a las 9:00 y que ya cuenta con dictamen de varias comisiones.
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El proyecto es criticado por el eventual riesgo que implica para la privacidad de las personas el hecho que el Estado tenga fácil acceso a cámaras de seguridad privadas. A esto hay que sumarle que el Estado pretende beneficiarse de una inversión del ciudadano, cuando el gobierno ni siquiera es capaz de sostener su propio sistema de monitoreos, como es el caso del sistema de cámaras del 911.
La contradicción del cartismo no es menor, ya que fueron ellos mismos los que recientemente aprobaron a tambor batiente la Ley 7280 “De reforma y modernización de la Policía Nacional” pese a que opositores advertían que daba facultades similares a la de la policía de la dictadura de Alfredo Stroessner, y cuando se realizó un procedimiento de control a una legisladora cartista, se quejaron del supuesto “abuso de poder”.
La iniciativa plantea primero que cada ciudadano -o grupo como son las comisiones vecinales- que instale cámaras de seguridad que den a la vía pública, primeramente deberá contar con un permiso expedido por la Policía, que llevará un registro de estas, y estarán obligados a entregar las filmaciones.
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El artículo 7º del proyecto de ley sobre los “Aspectos Procedimentales” establece que “si la grabación captura la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, la Policía Nacional pondrá la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial y del Ministerio Público”, es decir, el requerimiento será sin orden judicial y a instancia de la Policía Nacional.
Sin embargo, ni el propio proyectista el diputado cartista Yamil Esgaib tiene claro este punto, ya que cuando se le preguntó si no se requerirá un pedido de la Fiscalía para el trámite, como se hace hasta ahora, no supo explicarse.
“La Policía y la Fiscalía (pueden solicitar), pero trabajan juntos. Tenes razón en la consulta, pero últimamente sabemos que todo lo que hace la policía se informa a la Fiscalía”, se limitó a decir Esgaib.
El mismo acotó que, supuestamente, no hay riesgo de violar la privacidad, al no establecer la obligación de que disponer el acceso remoto a las filmaciones. “No estamos violando la intimidad de nadie al no tener online, no va a estar conectado online, ese era el peligro, que algún policía te esté mirando y controlando que hora salís y entras a tu casa y que sea un policía corrupto y te pueda apretar”,, alegó.
Consultado respecto a si no sería mejor que el Estado invierta en fortalecer su sistema de monitoreo, se centró mas en culpar al Gobierno (también colorado) anterior.
“Eso es un problema que nos dejaron bastante huérfanos en el anterior gobierno, donde teníamos 1.500 cámaras en las calles, que se inició con (Orlando) Fiorotto cuando era ministro del Interior y hoy me están informando que 400 están funcionando. En todas las esquinas deben haber cámaras” para que “los delincuentes sepan que les estamos viendo”.