El pasado 10 de agosto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina, resolvió paralizar el sumario administrativo que se instruía a la firma extranjera Doha Holding Group LLC y a sus representantes.
La decisión congela la investigación en curso desde mayo pasado, tras la rescisión del fallido contrato de US$ 61 millones para la provisión de 100.000 toneladas de gasoíl a Petróleos Paraguayos (Petropar), del cual la proveedora no entregó una sola gota.
Alegan “prudencia”
El sumario fue suspendido bajo el argumento de “prudencia administrativa”.
Según el documento, la firma catarí promovió el 29 de junio una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas (Segunda Sala de la Capital) contra la resolución de rescisión de Petropar y la denegación ficta de su recurso de reconsideración, solicitando además una medida cautelar para suspender los efectos de dicha cancelación contractual.
El titular de la DNCP argumentó que continuar con el sumario podría acarrear graves consecuencias jurídicas, si la justicia llega a revocar la rescisión del contrato.
Por lo tanto, optó por suspender el trámite a las resultas de lo que resuelva el órgano judicial.
Esta decisión detiene el trabajo de la jueza instructora Tessa Lima, quien debía determinar si las conductas de Doha Holding se encuadraban en las infracciones graves de la Ley N° 7021/22 de Contrataciones Públicas, cuyas sanciones contemplan multas e inhabilitaciones para contratar con el Estado.
Entre los sumariados que ahora se benefician con esta tregua figuran: el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani, Mohammed Hussein Alquzweeni y al asesor de la firma catarí y vicepresidente del Club Olimpia, Julio Ernesto Jiménez Granda. Este último, abogado de la firma y cuyo estudio sirvió de sede, está bajo sumario por autorizar adendas en nombre de la firma, aun sin figurar registrado en el portal de la DNCP.
Meses atrás, Contrataciones ya había excluido del sumario a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, quien figuraba como uno de los representantes de la firma.
El fallido acuerdo, firmado en setiembre de 2024 bajo la presidencia de Eddie Jara en Petropar mediante un “precio milagroso”, obligó al Estado a realizar millonarias compras de emergencia vía excepción para evitar el desabastecimiento de diésel, lo que motivó denuncias penales ante la Fiscalía por presunta lesión de confianza y encubrimiento.