A diferencia de una persona física o jurídica del sector privado, a la que la ANDE le corta la energía eléctrica si incurre en tres meses de mora, un ente público puede seguir consumiéndola, por tiempo indefinido, aunque no esté al día con el pago de sus facturas. Conste que la ley le prohíbe seguir prestando el servicio a los entes estatales sin el pago de las facturas mensuales, es decir, le obliga a desconectar el servicio, de acuerdo con el procedimiento de corte aplicable a todos los clientes. La atinada disposición es letra muerta, de modo que las entidades públicas siguen funcionando sin pagar el consumo de energía eléctrica, pese a que los fondos necesarios son asignados cada año en el Presupuesto General de la Nación.
La entidades públicas tienen dos semanas para establecer los programas prioritarios dentro del plan financiero que el Ministerio de Hacienda dará a conocer a finales de este mes para controlar el gasto.
Somos exageradamente pasivos o no nos damos cuenta de la extrema gravedad de haberse elegido a un funcionario, cuya identidad debe inclinarse más hacia la probidad que a la idoneidad, que accede al cargo ya con dos serios cuestionamientos (sobrefacturación y negligencia) y en el mismo día que jura y asume se descubre que probablemente haya falsificado documento o cuando menos aceptado una falsificación como algo auténtico.
El Ministerio de Hacienda empezó a comunicar a las diversas entidades públicas de la administración central y entes descentralizados el tope de gastos para el presente ejercicio, luego de que el Equipo Económico Nacional (EEN) diera vía libre a la implementación del plan financiero.
Las entidades públicas tienen plazo hasta el 15 de enero para presentar al Ministerio de Hacienda su deuda flotante o pendiente de pago del ejercicio anterior, a fin de que sea consolidada y cubierta posteriormente con los recursos disponibles.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso retoma esta mañana las audiencias para analizar el proyecto de presupuesto 2016 de las diferentes entidades públicas y luego recomendar los cambios en el dictamen que será elevado a fines de octubre a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores.