María Verónica Lina Sienra Bertón

La ciudadanía que acude al Poder Judicial no busca favores ni privilegios. Busca certeza. Busca que quien resuelve sus conflictos, interpreta la Constitución o administra los recursos públicos lo haga con autoridad moral y técnica. Esa certeza se resquebraja cuando en la propia cúspide del sistema aparecen irregularidades que no se aclaran con transparencia y prontitud. El caso de María Verónica Lina Sienra Bertón, esposa del ministro Luis María Benítez Riera y directora general de Garantías Constitucionales del Poder Judicial, exige una respuesta clara, pública y definitiva. No por animosidad personal de nadie, sino por una cuestión elemental de seguridad jurídica. La funcionaria percibe un salario superior a los 22 millones de guaraníes mensuales. Sin embargo, la propia Corte Suprema ha reconocido que su escolaridad no figura registrada en el Sistema de Legajos. En su declaración ante la Contraloría consignó nivel secundario. En los registros del Poder Judicial se consignó, por un supuesto “error material involuntario”, la categoría de “universitario”. Esa contradicción no es un detalle administrativo menor. Es el punto de partida de una duda legítima sobre el cumplimiento del requisito de idoneidad que la Constitución exige para el ejercicio de la función pública.