La ciudadanía que acude al Poder Judicial no busca favores ni privilegios. Busca certeza. Busca que quien resuelve sus conflictos, interpreta la Constitución o administra los recursos públicos lo haga con autoridad moral y técnica. Esa certeza se resquebraja cuando en la propia cúspide del sistema aparecen irregularidades que no se aclaran con transparencia y prontitud.
El caso de María Verónica Lina Sienra Bertón, esposa del ministro Luis María Benítez Riera y directora general de Garantías Constitucionales del Poder Judicial, exige una respuesta clara, pública y definitiva. No por animosidad personal de nadie, sino por una cuestión elemental de seguridad jurídica.
La funcionaria percibe un salario superior a los 22 millones de guaraníes mensuales. Sin embargo, la propia Corte Suprema ha reconocido que su escolaridad no figura registrada en el Sistema de Legajos. En su declaración ante la Contraloría consignó nivel secundario. En los registros del Poder Judicial se consignó, por un supuesto “error material involuntario”, la categoría de “universitario”. Esa contradicción no es un detalle administrativo menor. Es el punto de partida de una duda legítima sobre el cumplimiento del requisito de idoneidad que la Constitución exige para el ejercicio de la función pública.
Cuando el ciudadano observa que un cargo de dirección general –precisamente el de Garantías Constitucionales– es ocupado por alguien cuya formación académica no está fehacientemente acreditada, y que además es cónyuge de un ministro de la Corte, la confianza se erosiona.
No se trata de negar el derecho al trabajo. Se trata de exigir que los cargos de alta responsabilidad se ocupen con base en méritos demostrables y no en vínculos familiares, si así fuera el caso.
Los ministros de la Corte Suprema no son funcionarios “comunes”. Son los últimos intérpretes de la Constitución. Su conducta debe ser intachable no solo en el estricto ámbito jurisdiccional, sino también en el ejemplo que proyectan hacia el resto del sistema. La obligación de ser intachables no es un eslogan retórico: es una exigencia que nace de la naturaleza misma del poder que detentan.
Otros ministros también han enfrentado cuestionamientos similares. La ministra Carolina Llanes ha sido señalada por el crecimiento de un círculo cercano dentro del Poder Judicial y entidades vinculadas, con salarios y comisiones que generan legítimas preguntas sobre el presunto uso de la influencia institucional.
Casos de familiares ascendidos, de viajes con viáticos elevados y de redes de confianza que se superponen a los criterios objetivos de selección alimentan la percepción de que el Poder Judicial, en ciertos sectores, funciona más como un espacio de lealtades personales que como un servicio público regido por la meritocracia.
Estos antecedentes no condenan a nadie de antemano; simplemente demuestran que el problema de la idoneidad y de la apariencia de imparcialidad no es exclusivo de un solo despacho.
La seguridad jurídica del ciudadano que acude a los tribunales depende, en gran medida, de la credibilidad del sistema. Si el ciudadano percibe que las reglas se aplican de manera desigual –que hay requisitos que se exigen a unos y se flexibilizan para otros–, entonces la justicia deja de ser un derecho y se transforma en una lotería de influencias.
Por eso resulta impostergable que la Corte aclare, de manera documentada y pública, la situación académica y funcional de la directora general de Garantías Constitucionales. No basta con hablar de “error material”. Se necesita la exhibición de títulos, de legajos completos, de los criterios con los que se creó y se ocupó el cargo, y de las razones por las que se mantiene a pesar de las inconsistencias detectadas.
Los gremios de abogados y diversos profesionales han elevado sus voces sobre la situación. Las mismas no deben ser descalificadas como ataques políticos ya que son la expresión de un sector que entiende que la legitimidad del Poder Judicial se construye todos los días, con cada decisión administrativa y con cada ejemplo personal. Ignorarlas solo profundiza la crisis de confianza.
El Poder Judicial paraguayo tiene una deuda pendiente consigo mismo y con la ciudadanía: demostrar que los principios de idoneidad, transparencia y ausencia de privilegios no son aplicables solo a los jueces de primera instancia o a los funcionarios de base, sino también –y especialmente– a quienes ocupan los cargos de mayor jerarquía.
Mientras esa demostración no se produzca de manera inequívoca, cada ciudadano que se presenta ante un tribunal tendrá motivos para preguntarse si realmente está ante un poder independiente o ante un espacio donde los vínculos personales pesan más que las normas.
Solicitar que se aclare la situación no es un acto de persecución. Es un acto de higiene institucional. Y es, sobre todo, un acto de respeto hacia el ciudadano que todavía cree –o quiere creer– que la justicia puede ser imparcial y digna de confianza.