"Togo tiene hoy en su arsenal legal los elementos necesarios para juzgar a los piratas y hacerlos condenar respetando, por supuesto, los derechos de la defensa y un juicio justo", declaró el ministro togolés de Derechos Humanos, Christian Trimua, en declaraciones recogidas hoy por el portal informativo local Togoweb.net.
El juicio tuvo lugar este lunes y fueron procesadas diez personas por piratería marítima, violencia voluntaria, intento de robo y agrupación de delincuentes después de que en la noche del 11 al 12 de mayo de 2019 atacaran el buque G-DONA 1, de bandera togolesa, en aguas territoriales de Togo y tomaran como rehenes a la tripulación para robar sus bienes.
Los piratas son siete nigerianos, dos togoleses y un ghanés, que no se encontraba presente en el momento del juicio, pero fue condenado a 20 años de prisión y a la emisión de una orden de arresto internacional contra él.
Uno de los togoleses fue puesto en libertad y el resto fueron sentenciados a penas de doce a quince años de prisión.
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Se trata del primer juicio en Togo contra la piratería marítima desde que se modificó el Código Penal en 2015, incluyendo este delito.
El golfo de Guinea, donde se encuentra Togo, es la región más afectada del mundo por la piratería, pues representó en 2020 más del 95 % de los secuestros de embarcaciones, con 130 de los 135 tripulantes secuestrados en el mundo, según el último informe anual sobre la piratería de la Oficina Marítima Internacional (OMI).
Desde enero hasta mayo de este año, 61 personas fueron secuestradas en seis incidentes de embarcaciones que operan en el golfo de Guinea, según indicó la compañía de seguridad marítima Dryad Global.
La mayoría de las personas que se dedican a la piratería en el golfo de Guinea son de origen nigeriano y su objetivo es robar el crudo que transportan los buques petroleros para venderlo en el mercado negro, pero, debido a la bajada del precio de esa materia prima, la actividad más rentable para ellos es secuestrar a tripulaciones a cambio de un rescate.
El aumento de los ataques a los barcos y que se produzcan cada vez más lejos de las costas impulsó a más de 180 compañías navieras y asociaciones de más de veinte países a firmar el pasado mayo una declaración conjunta para pedir una coalición contra la piratería en el golfo de Guinea, que, según los firmantes, "se ha convertido en una maldición para los marineros en la última década".