En una comparecencia pública de casi dos horas, el juez Aldis Laivins explicó el razonamiento del Constitucional, que es definitivo y no se puede recurrir, para rechazar la demanda interpuesta por un grupo de ciudadanos rusos.
Estos argüían que las enmiendas a la Ley de Inmigración de Letonia de 2023 violan el derecho de los residentes rusos a una protección igual ante la ley y a la privacidad, al poner en riesgo su vida familiar, además de discriminarlos frente a otros grupos de extranjeros.
Además, habían denunciado que la medida equivalía a una deportación colectiva, prohibida por el derecho internacional.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, afirmó que las enmiendas aprobadas en abril del año pasado otorgaban a los ciudadanos rusos residentes en el país báltico un plazo de dos años para acreditar un cierto nivel de letón, así como la posibilidad de obtener un permiso de residencia por otras vías, con excepciones para personas ancianas o con discapacidad.
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Destacó también que en caso de que un ciudadano ruso no pudiera cumplir los requisitos y se emitiera una orden de repatriación, el caso se examinaría de forma individual y podría ser recurrido ante un tribunal.
La decisión leída por Laivins señaló también que las enmiendas, adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania, están justificadas en términos de la seguridad nacional y de la necesidad de preservar el letón como lengua del Estado.
En cuanto al argumento de la discriminación, el Tribunal afirmó que los ciudadanos rusos no pueden ser tratados igual que otros extranjeros porque Rusia está en guerra con Ucrania y es hostil a Occidente.
De acuerdo con los medios letones, la mayoría de residentes rusos que no cumplen con los requisitos de idioma son mujeres que se asentaron en el país letón en tiempos soviéticos y, tras su independencia, decidieron adquirir la ciudadanía rusa para poder jubilarse antes o visitar a familiares en Rusia sin necesidad de visado.
En entrevistas con cadenas de televisión, muchas de estas personas han explicado que han pasado la mayor parte de sus vidas en zonas del país que tras la Segunda Guerra Mundial eran de habla predominantemente rusa.
Según informaciones proporcionadas a EFE por la Oficina de Letonia de Ciudadanía y Asuntos Migratorios, a mediados de enero se encontraban en el país 985 ciudadanos rusos que podrían ser deportados por no haber solicitado la extensión de sus permisos de residencia.