El nuevo regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), aprobó su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias (PABF) 2026, que perfila bandas estratégicas como 600 MHz para ampliar cobertura y capacidades 5G, además de frecuencias altas (10 GHz y 37 GHz) orientadas a servicios de internet fijo inalámbrico.
Sin embargo, especialistas consultados subrayan que el PABF, por sí solo, no resuelve el principal cuello de botella: una subasta 5G con condiciones competitivas, precios realistas y reglas que hagan viable el despliegue.
La última licitación del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —que buscaba asignar espectro asociado a 5G— fue cancelada en 2025, lo que mantuvo el proceso en pausa y sin una fecha clara de reactivación, en medio de cambios institucionales en el sector.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), advirtió que el arranque de 2026 combina “altas expectativas” con “incertidumbre regulatoria”, y que la CRT debe probar capacidad técnica y regulatoria para “implementar acciones estructurales con resultados tangibles, más allá de un cambio cosmético del regulador”.
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En su diagnóstico, el reto central es evitar un proceso fallido de asignación de espectro si las condiciones no se ajustan a la realidad del mercado.
Aparte, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), coincidió en que el país llega tarde a la ventana tecnológica de 5G, mientras se busca industrializar más el país, a fin de aprovechar la ventana aún abierta de la relocalización de empresas o ‘nearshoring’.
“México todavía no ha hecho una licitación de espectro 5G”, sostuvo, y pidió observar el precio del espectro porque las nuevas generaciones “requieren muchas inversiones”.
En esa lógica, enfatizó que el retorno de la inversión ya no depende únicamente del consumidor.
“5G no es para el usuario final, es para las industrias, es para las fábricas, es para todas estas verticales”, dijo, al señalar la relevancia para manufactura avanzada, automatización y servicios críticos.
Ambos analistas convergen en un punto: sin reglas claras y señales estables de política regulatoria, la inversión se frena y la brecha se amplía.
Bravo resumió que lo más importante es que los nuevos reguladores y las autoridades permitan e incentiven la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
Piedras, por su parte, planteó que la CRT debería abrirse a “retroalimentación profunda” del sector, academia y sociedad civil, y orientar sus decisiones a competencia efectiva, inversión y derechos de usuarios, para no perder “una oportunidad histórica de modernizar su infraestructura digital”.
A la agenda de 5G se suma el debate por el registro obligatorio de líneas móviles, cuya implementación comenzó el 9 de enero de 2026 y contempla un plazo máximo hasta el 30 de junio.
La magnitud del reto se ilustra en el universo estimado de alrededor de 160 millones de líneas móviles, lo que implicaría validar hasta cerca de un millón de registros diarios para cumplir el calendario.
Piedras cuestionó la proporcionalidad de la medida, pues dijo, “se trata de una medida sin una justificación sólida de política pública que es más una ocurrencia, por más bienintencionada que sea”, al advertir que podría levantar barreras al derecho de conectividad y trasladar cargas operativas y costos a los operadores.