Campos, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), entró a la sede de la FGR para declarar por este operativo, que desató una polémica en México tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente de tráfico posterior y las sospechas de que habían participado en operaciones de campo sin conocimiento del Gobierno federal.
Tras declarar ante los investigadores, la gobernadora de Chihuahua denunció el "uso de las instituciones federales" que, a su juicio, hace el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga de adicción. Y mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hace unas días y de manera muy extraña me citaron", dijo la política en una declaración ante los medios de comunicación.
Campos acusó a la Fiscalía de querer "fabricarle" un caso y de "atropellar la ley" con la citación que recibió el fin de semana pasado, al tiempo que criticó el "autoritarismo" del Gobierno federal.
Asimismo, cargó contra el "doble rasero" del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de Sheinbaum, al aseverar que el oficialismo "persigue con todo el aparato del Estado" a una gobernadora que "consigue resultados" mientras trata de "cubrir y proteger sus crisis y sus vínculos con el crimen organizado".
Como gesto de respaldo, a la sede del Ministerio Público acudieron militantes y destacados miembros del PAN, como el senador y excandidato presidencial Ricardo Anaya o el dirigente nacional, Jorge Romero.
En su conferencia de prensa diaria de este jueves, Sheinbaum aclaró que, supuestamente, habrían participado cuatro agentes de EE.UU en el polémico operativo, de los cuales dos fallecieron en un accidente de tráfico y los otros dos se "retiraron" del país tras la petición de su Administración.
Este caso elevó las tensiones bilaterales entre México y EE.UU. después de que la mandataria pidiera explicaciones a Washington al asegurar que el Gobierno federal no lo había autorizado, lo que provocó que la Casa Blanca le reclamara un "poco de empatía" por los agentes fallecidos.
El operativo está siendo investigado por la Fiscalía ante la posibilidad de que se haya vulnerado la ley de seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros, en un suceso que agitó el debate del injerencismo en el país latinoamericano.
Además, se unió a las tensiones por la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez funcionarios de Sinaloa (oeste), incluido el gobernador con licencia (el oficialista Rubén Rocha Moya), por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.