DigiD es el sistema central de identificación digital de todo Países Bajos y permite a sus millones de ciudadanos acceder de forma segura a servicios fiscales, sanitarios, de pensiones y municipales.
Aunque DigiD es propiedad y responsabilidad de Logius, una agencia pública dependiente del Ministerio del Interior, Solvinity gestiona la plataforma técnica sobre la que funciona el sistema, incluidos los servidores y la infraestructura de seguridad, ubicados en centros de datos del Gobierno neerlandés.
La posible compra de Solvinity por Kyndryl, una multinacional estadounidense, ha desatado un intenso debate político en el Parlamento neerlandés, donde directivos de la propia Kyndryl defendieron que existen barreras técnicas, organizativas y legales suficientes para impedir que el Gobierno de Estados Unidos pueda acceder a datos o interrumpir el funcionamiento de DigiD.
Sin embargo, los diputados neerlandeses no quedaron convencidos y los representantes de la izquierda ecologista y socialdemócrata GL-PvdA y del liberal progresista D66 exigieron hoy garantías adicionales y plantearon incluso la posibilidad de introducir medidas que aseguren que los servicios públicos gestionados por Solvinity permanezcan bajo control neerlandés.
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Los críticos de la operación advierten de dos riesgos principales: el primero es que la legislación estadounidense podría obligar a una empresa matriz a facilitar datos, incluso si estos están almacenados en Europa; y el segundo es el riesgo, aunque considerado extremo, de que una autoridad extranjera pudiera forzar la interrupción de un servicio esencial como DigiD.
Esta plataforma cuenta con 16,6 millones de usuarios en Países Bajos, registró el año pasado unos 645 millones de inicios de sesión, según el canal neerlandés RTL y es una infraestructura clave del Estado neerlandés, empleada por los ciudadanos para realizar la mayoría de los trámites públicos.
Kyndryl insiste en que Solvinity no tiene acceso al contenido de los datos personales de los usuarios de DigiD y que cualquier solicitud gubernamental de información se comunica a los clientes.
La adquisición aún no está cerrada y debe superar varios controles, además de una decisión del Ministerio de Economía, que podría tardar meses en llegar, sobre si la compra supone riesgos para intereses estratégicos del país.
Si decide bloquear la operación, experiencias anteriores, como el reciente conflicto con China en torno al fabricante de chips Nexperia, muestran que este tipo de decisiones pueden derivar en disputas internacionales.
No obstante, la operación también ha reavivado el debate sobre la dependencia europea de grandes empresas tecnológicas estadounidenses, en un contexto de relaciones transatlánticas más tensas y de creciente preocupación por la soberanía digital.