"España ahora se suma al club de Francia, Dinamarca, Grecia, Austria y otros y, de hecho, se suma al club de la Comisión que intenta ir un paso más allá y proteger a nuestros niños en internet", dijo el portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.
El portavoz añadió que Bruselas trabaja "codo con codo" con estos países para lograr este objetivo, pero recordó que cualquier ley que se apruebe a nivel nacional para excluir potencialmente a los menores del acceso a las redes sociales "no debe imponer obligaciones adicionales a las grandes plataformas".
"Esto es una prerrogativa de la Comisión bajo el artículo 28 de la DSA", continuó Regnier, en referencia al apartado de la normativa que obliga a las grandes plataformas digitales a garantizar un nivel adicional de protección a los menores respecto al contenido que ven en las redes sociales.
En la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, Sánchez anunció hoy cinco medidas, entre las que destaca la prohibición de acceder a las redes sociales a los que tengan menos de 16 años en España, una medida prevista en la Ley Orgánica de protección de los menores en los entornos digitales.
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Además, el Gobierno quiere responsabilizar a los directivos de las compañías de las infracciones que cometan; tipificar como delito la manipulación de los algoritmos para diseminar contenido ilegal; crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una "huella de Odio y Polarización", y trabajar junto a la Fiscalía para investigar a TikTok, Instagram y Grok.
La DSA obliga a las tecnológicas a garantizar un nivel adicional de protección a los menores y, en este contexto, Bruselas lanzó el año pasado una aplicación móvil que permite a las plataformas y a las páginas web verificar la edad de los usuarios sin poner en riesgo su privacidad.
Una herramienta que está testando en un programa piloto junto a España, Francia, Dinamarca, Italia y Grecia para impedir que los menores consuman contenido ilegal o inapropiado.
Pero el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que el uso de esta app no es obligatorio, siempre y cuando las plataformas tengan sistemas de verificación de edad que sean eficaces.
España, por tanto, no podrá obligar a las empresas a emplear esta herramienta, porque es algo que no contempla la ley de servicios digitales.
A Bruselas no le consta que el Gobierno español -que es uno de los más activos en la UE para proteger a los menores en internet - haya impuesto a día de hoy exigencias adicionales a las tecnológicas, pero revisará que los anuncios que hoy ha hecho Sánchez tampoco vayan más allá de la DSA.