De los cinco países de la UE analizados por la encuesta, España es el que tiene un porcentaje mayor -seguido de Francia (76 %), Italia, Alemania (ambos un 69 %) y Polonia (60 %)- entre los que defienden que la UE tome más medidas.
Entre los españoles que respondieron que respaldaban mayores medidas, la mitad apuesta por prohibir X en toda la UE si la plataforma se niega a subsanar las infracciones, mientras que un 27 % sugiere mayores sanciones económicas.
Además, el 64 % de las personas encuestadas por YouGov en España apoyan que la UE priorice la seguridad en línea y la privacidad digital de los europeos, incluso si esto implica perjudicar la relación con los Estados Unidos. La media de los países analizados, en este caso, se sitúa en un 66 %.
Los resultados de la encuesta llegan después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara el 3 de febrero que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, lo que provocó duras críticas por parte de los magnates tecnológicos de redes como X o Telegram.
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En esta línea, el sondeo de YouGov también precisa la tendencia ideológica de los encuestados. A la cabeza entre los que apoyan tomar medidas contra X, los votantes de Sumar (93 %), seguido de los del PSOE (87 %), el PP (75 %) y Vox, con un 53 %.
La encuesta, encargada por la coalición internacional People vs. Big Tech, compuesta por casi 150 organizaciones de la sociedad civil, se realizó entre el 14 y el 22 de enero de 2026 entre más de 1.000 participantes en cada uno de los cinco países objeto de estudio.
La Comisión Europea anunció el 5 de diciembre una multa de 120 millones de euros a X por incumplir sus obligaciones de transparencia y dispone de 90 días para desplegar cambios en la plataforma que atiendan a sus demandas.
El Ejecutivo comunitario también abrió a finales de enero una investigación contra la red social X, por sospechar que esta podría haber violado la Ley de Servicios Digitales (DSA) al activar la herramienta de IA Grok sin evaluar ni mitigar adecuadamente los riesgos relacionados con la difusión de imágenes sexualmente explícitas y de material de abuso sexual infantil, todos ellos contenidos ilegales en la UE.