El documento, emitido este martes por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, principal órgano de planificación económica del país) y otras instituciones, establece que antes de finales de 2026 algunas provincias deberán aplicar de forma integral funciones como la detección de irregularidades, la evaluación asistida inteligente y la identificación de colusión en ofertas, con la meta de extender estos escenarios a todo el país antes de 2028.
El documento detalla un amplio abanico de aplicaciones: en la fase de preparación de licitaciones, los sistemas deberán poder "analizar tendencias de cada sector", oferta y demanda o antecedentes regulatorios para ayudar a definir requisitos técnicos y comerciales.
En la elaboración de documentos de licitación, se prevé la detección previa de cláusulas ilegales o restrictivas de la competencia mediante esta tecnología.
En el lado de los licitadores, la IA podrá asistir en la planificación de ofertas, el análisis de riesgos de incumplimiento o la revisión de la documentación presentada.
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El plan subraya que las conclusiones generadas por la IA "no sustituirán el juicio independiente" de las partes implicadas ni alterarán sus responsabilidades legales, y que deberán cumplirse requisitos de registro, revisión y seguridad de algoritmos para prevenir riesgos como la opacidad de los sistemas, errores o sesgos.
El anuncio se produce en un contexto de acelerada expansión del ecosistema chino de inteligencia artificial, marcado por el lanzamiento en los últimos años de modelos de razonamiento avanzado por parte de gigantes tecnológicos como Bytedance, DeepSeek, Alibaba o Baidu, una intensa actividad bursátil en el sector y un creciente respaldo político a la autosuficiencia tecnológica.
Pekín busca consolidar capacidades propias en modelos, datos e infraestructura de computación en medio de la rivalidad con EE. UU. en este sector.