Andorra se suma así a la cada vez más larga lista de países que planean restringir el acceso de los menores a las redes sociales, como Australia, Francia, Nueva Zelanda, Dinamarca o España.

En el caso de Andorra, el Ejecutivo plantea también que los padres y tutores legales tengan el deber de supervisar activamente el uso digital de los más jóvenes y la obligatoriedad de que haya una tarjeta SIM con control parental para los menores de 16 años.

De igual forma, el Principado incluirá en el currículum escolar aspectos vinculados a la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías e impulsará formaciones para acompañar a las familias y escuelas en este proceso.

"La protección de los niños y adolescentes en el entorno digital es una prioridad del Gobierno, que desde hace años trabaja de manera continuada, estructural y alineada con los estándares internacionales para garantizar un entorno digital seguro", señala el Ejecutivo andorrano en un comunicado.

Ha sido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Marc Rossell, quien ha presentado este jueves la modificación legal que ha de permitir hacer efectivas estas medidas.

"La realidad de los niños y adolescentes de nuestro país ha cambiado y por eso es fundamental que la legislación también lo haga, para continuar garantizando su protección, sobre todo en el entorno digital y en línea", ha afirmado.

Ha recordado que las nuevas tecnologías aportan muchos beneficios, pero también riesgos, como el ciberacoso, la violencia digital, el aislamiento social, la dependencia digital o la mala gestión de la privacidad.

La evidencia científica, además, pone de manifiesto que la sobreexposición digital puede afectar al desarrollo, aprendizaje y el bienestar de los menores. Y todo ello cuando se detecta una falta de conocimiento y competencias por parte de los progenitores, lo que hace necesario un acompañamiento por parte de las autoridades, según Rossell.