Rosell estuvo en prisión acusado de organización criminal y blanqueo de capitales de comisiones de partidos de la selección brasileña y de un contrato con una marca deportiva, procedimiento judicial del que resultó absuelto.

El expresidente del F.C. Barcelona había solicitado una indemnización del Estado de 29,7 millones de euros por los perjuicios causados por la prisión provisional, tanto morales como económicos derivados de la obligación de abandonar sus negocios durante ese tiempo, los gastos de su defensa legal y los costes de los desplazamientos de sus familiares a la cárcel para visitarlo.