La Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría el texto que cumplirá en mayo próximo 10 años desde que se inició su trámite y que fue impulsado por un grupo de parlamentarios.
Tras la sanción en el Congreso, en la que estuvieron presentes la nueva ministra del Deporte, Natalia Duco, y su antecesor Jaime Pizarro, quien formó parte del proceso en los últimos tres años, el instrumento legal solo tiene que ser promulgado y publicado para entrar en vigencia.
A partir de entonces, ambas organizaciones deportivas del fútbol chileno que están dirigidas por el mismo presidente, Pablo Milad, deben cambiar la estructura de su organización por mandato de la Ley, que también dicta líneas sobre la propiedad y fiscalización de los clubes de fútbol.
La separación dejará a cargo de la Federación las selecciones nacionales, el desarrollo formativo y la estructura general del fútbol, mientras que las competiciones profesionales serán administradas por la liga, una distinción que generó rechazo en la actual ANFP y los clubes, según la prensa chilena por razones de patrocinios.
La aprobación de la reforma ocurre en el año en que Milad afronta su último periodo al frente de la Asociación de fútbol, tras llegar al cargo en julio de 2020 y haber sido reelegido en 2022 por cuatro años más. Las elecciones en la institución están previstas para noviembre de 2026.
La Ley de SADP, que se sancionó en 2005, derivó en que los equipos de fútbol chilenos se convirtieran en sociedades anónimas como modelo de gestión, lo cual saneó, en su momento, la administración de los mismos y el cumplimiento de sus obligaciones, pero derivó en otros conflictos que no quedaron regulados como la multipropiedad.
“Este proyecto representa una solución a los problemas que hoy tienen en estado crítico al fútbol chileno”, destacó el subsecretario del ministerio del Deporte, Andrés Otero.
Dentro de las primeras tres categorías del fútbol chileno, 42 de 45 clubes son sociedades anónimas y la reforma exige transparencia en la información sobre sus dueños, propone restricción para los representantes de jugadores en las estructuras de gobierno de las instituciones y norma sobre los conflictos de interés.
La reforma otorga mayores facultades de control sobre las sociedades anónimas, que quedarán bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y se refuerzan criterios sobre restricciones para ejercer cargos directivos.