La iniciativa de ley propuesta por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) añade un artículo al código penal con el objetivo de sancionar con una pena de 2 a 5 años de cárcel a quien manipule competiciones deportivas.
El castigo podría aumentar hasta en un tercio del tiempo si el delito tiene como finalidad obtener ganancias derivadas de apuestas deportivas legales o ilegales, cuando se realice mediante amenazas o coacción, o cuando sea cometida por una persona que ocupe un cargo de dirigencia deportiva.
Estas sanciones penales se aplicarían sin perjuicio de las medidas administrativas o disciplinarias que correspondan dentro del ámbito deportivo.
La FCRF destacó que esta ley surge "como respuesta a la necesidad de dotar al país de herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad vinculada al deporte, especialmente la manipulación de competiciones deportivas o conocido popularmente como amaño de partidos".
Con esta iniciativa se sancionará a cualquier persona que, directa o indirectamente, prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios o ventajas de cualquier tipo con el propósito de alterar, manipular o predeterminar el desarrollo, el resultado parcial o final, o cualquier incidencia, aspecto, evento o fase de un partido o competición deportiva, como por ejemplo tarjetas, penaltis o goles en el fútbol.
La sanción también se aplicaría cuando se busque influir fraudulentamente en el comportamiento de deportistas, equipos, árbitros, jueces, entrenadores, dirigentes u oficiales vinculados con la competición.
El proyecto comprende tanto competiciones profesionales como amateurs, oficiales o no oficiales, de carácter nacional o internacional, siempre que se realicen en territorio costarricense.
"Con esta iniciativa, la Federación Costarricense de Fútbol busca cerrar un vacío existente en la legislación nacional y brindar a las autoridades competentes mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar conductas que afectan la transparencia de las competiciones, la confianza del público, la seguridad de quienes participan en el deporte y la credibilidad de las instituciones deportivas", indicó la FCRF.
Otro objetivo de la propuesta es evitar que el deporte costarricense sea utilizado por redes vinculadas con apuestas ilegales, corrupción y delincuencia organizada.