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Tras la acusación y pedido de juicio oral para el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y otros funcionarios de su administración, por presunta lesión de confianza en la fracasada obra del metrobús, el abogado Guillermo González, en su momento defensor de los frentistas, exige una pena máxima para los acusados, además de la recuperación del perjuicio causado al Estado.
Con Jiménez Gaona también fueron acusados la ex ministra sustituta y exviceministra de finanzas, Marta Regina Benítez Morínigo, y el exgerente del plan, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, por el enorme perjuicio que causó la fallida obra del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).
“La fiscalía debe actuar conforme a derecho, y teniendo elementos muy claros, creo que toda la ciudadanía paraguaya fue afectada y terminó en un fiasco un proyecto emblemático e inviable, la acusación y pedido de juicio era lo mínimo que debió pasar. Pero la fiscalía debe actuar con objetividad y no dejarse amedrentar por ningún tipo de poder político para hacer justicia”, enfatizó el profesional del derecho.
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Pena máxima de cinco años y recuperación de perjuicios
Al mismo tiempo, señaló que ahora “está en cancha del poder judicial velar por el debido proceso” y “someter a un juicio justo y ejemplar a los responsables de esta estafa al pueblo paraguayo”. En este sentido, indicó la pena máxima por el delito de lesión de confianza es de 5 años de cárcel, pero que en los casos graves, como el metrobús, podría ser de incluso 10 años de prisión.
“Dependiendo de los elementos con los que cuente la fiscalía, debería solicitar la condena máxima y el tribunal debe otorgar una condena que asiente las bases para lograr una justicia independiente y que restituya algo del daño que se causó al pueblo paraguayo”.
El abogado insistió en que la fiscalía debe pedir el comiso o reparación del daño “en sumas muy altas”, y que “eso sea destinado a algún plan de bienestar social”. “Mínimamente, el daño debería ser reparado de alguna manera”, acotó.
Justamente, en abril del año 2023 el juez de Garantías Humberto Otazú dictó el embargo preventivo por poco más de G. 36.000 millones de las cuentas de Jiménez Gaona, Benítez Morínigo y Alcaraz Reisinger, que totalizan más de G. 109.000 millones. La Fiscalía solicitó este bloqueo pensando en recuperar para el Estado el dinero que perdió con la fallida obra.
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González resaltó que si bien los frentistas ya no tienen fe en la justicia y que todos están escépticos, siguen esperando que “la justicia realmente haga su trabajo para recuperar algo de confianza en las autoridades” y que “el caso del fracasado metrobús es la oportunidad” para ello, porque es una causa nacional. “Acá se le estafó a todo el pueblo paraguayo”, insistió.
Enorme perjuicio patrimonial
La acusación fiscal agrega que el Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de G. 180.030.528.699 (cerca de US$ 25 millones al cambio actual) por el pago de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA; teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
Añade que Jiménez Gaona, en función de ministro no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pagó de 29 certificados por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para la ciudadanía.
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Juez tiene tiempo hasta el miércoles para expedirse
El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, explicó ayer cómo prosigue el proceso penal que enfrentan los acusados por el caso metrobús. Señaló que en una primera etapa debe expedirse sobre si el requerimiento conclusivo de la fiscalía cumple las formalidades que establece el Código Procesal Penal (CPP) y fijar fecha para audiencia preliminar. En este sentido, indicó que tiene tres días hábiles para definir si se admite o no la acusación, a través de una resolución, lo que significa que el juzgado tiene plazo hasta este miércoles 17 de abril para expedirse al respecto.