Según declaraciones a la prensa de los ministros-consejeros, Javier Giménez y Rubén Ramírez Lezcano, aunque se realizaron contactos preliminares y encuentros bilaterales, aún no se acordó un cronograma claro para las negociaciones formales con el Brasil. Aunque las expectativas apuntaban a un inicio de las conversaciones, hasta ahora no hubo gran avance entre ambos países para avanzar en las discusiones formales.

El Anexo C del Tratado de Itaipú, que regula la estructura de costos y cuestiones afines, es un tema sensible para ambos gobiernos. Paraguay manifestó su interés en aumentar la capacidad de generación de Itaipú y mejorar la repartición de beneficios, mientras que Brasil, aunque abierto al diálogo, se viene mostrando más cauteloso respecto a la modificación de tarifas.

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El plazo para cerrar la revisión del Anexo C se mantiene firme para el 31 de diciembre de 2024. A pesar de la cercanía de esta fecha, las informaciones sobre las negociaciones son escasas y esporádicas, lo que genera dudas e incertidumbre de cómo se están llevando las negociaciones. Y peor aún, el temor de que lo que se llegue a acordar podría no beneficiar a Paraguay.

¿Dónde están los US$ 650,9 millones?

Uno de los puntos que el gobierno tampoco transparenta es el destino de los US$ 650,9 millones adicionales para gastos sociales. La falta de claridad sobre cómo se están utilizando estos fondos preocupa tanto a los sectores políticos como a la sociedad civil, que exige una mayor claridad. Al mismo tiempo, la presión aumenta por parte de las organizaciones sociales que consideran que Paraguay ha sido históricamente desfavorecido en la administración de la hidroeléctrica.