A través de un comunicado en sus redes sociales, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) alienta y sostiene que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo.
Esto, con relación al cierre temporal de las 263 tiendas de la cadena Biggie Express en todo el país, afectando a más de 5.300 trabajadores.
“Los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortalecer la confianza y promover la competencia”, indica el texto.
A renglón seguido expresa: “Sin embargo, estos procedimientos deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo, evitando impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inversiones”.
“En un país donde el sector productivo es motor de desarrollo, resulta clave equilibrar la regulación con la sostenibilidad empresarial”, remarca el escrito.
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En otra parte, señala que las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores.
“Al mismo tiempo, es necesario que contemplen el impacto económico y social que puedan generar medidas desproporcionadas. La información y comunicación pública sobre estos procesos debe manejarse con responsabilidad, priorizando la precisión y orientándose siempre hacia soluciones que resguarden el interés general”, sostiene la UIP.
Por ello, la Unión Industrial Paraguaya alienta a que las fiscalizaciones y sanciones se desarrollen bajo protocolos claros y procedimientos transparentes, “garantizando el cumplimiento normativo, al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud pública y el empleo”, finaliza.