“Las cuentas públicas atraviesan una etapa de presión que exige decisiones antes de que el problema llegue a un punto más difícil de corregir”, afirmó el economista Jorge Garicoche este viernes en entrevista con ABC Color.
En ese sentido, advirtió que el déficit fiscal todavía no representa un riesgo inmediato de inflación, pero sí observa señales que deben llevar al Gobierno, al sector privado y a la sociedad civil a discutir cambios.
“Quizá todavía no estamos en una luz roja. Pero antes que llegue la luz roja, aprovechemos que estamos en una luz amarilla y resolvamos las cuestiones”, señaló.
La ley de responsabilidad fiscal perdió fuerza
Paraguay enfrenta, según Garicoche, un problema adicional que es el incumplimiento repetido del límite fiscal. El economista dijo que el tope de déficit de 1,5% del PIB fue establecido en 2013, bajo condiciones económicas muy distintas a las actuales. Por eso propuso discutir una nueva ley de responsabilidad fiscal, con reglas acordes a la situación del país.“Creo que es momento de pensar en una nueva ley de responsabilidad fiscal”, afirmó.
Garicoche sostuvo que la discusión no debe concentrarse únicamente en el resultado fiscal. La regla también debe considerar la evolución de los ingresos y del gasto público.
A su criterio, dijo que Paraguay debe revisar las llamadas reglas macroprudenciales que acompañan al límite de déficit. Entre ellas citó las restricciones sobre el crecimiento de los salarios y de los gastos corrientes por encima de la inflación.
El problema fiscal no se resuelve solo con más impuestos
El debate sobre una eventual suba de impuestos aparece como una de las salidas ante la falta de recursos. Garicoche aclaró que no considera deseable elevar la carga tributaria, pero advirtió que la presión sobre las finanzas públicas puede llevar a esa alternativa. “La necesidad de caja nos dice otra cosa”, señaló.
El economista sostuvo que el Estado tiene compromisos que no puede ignorar. Entre ellos citó las obligaciones con la niñez y con las personas de la tercera edad, además del servicio de la deuda. También apuntó al déficit de la Caja Fiscal, cuyo peso sobre las cuentas públicas seguirá en aumento.
El recorte de gastos no alcanza para cerrar el agujero fiscal
El Gobierno anunció medidas de racionalización del gasto con una expectativa de ahorro de G. 1,6 billones (US$ 262 millones) a finales de mayo de este año. Para Garicoche, ese monto resulta insuficiente frente al tamaño del desequilibrio fiscal.
“Ojalá lleguemos a 262 millones de ahorro, que no creo que lleguemos, pero ojalá. Ahora, US$ 262 millones de ahorro es insuficiente para cumplir con el déficit fiscal que teníamos previsto”, reafirmó.
El economista consideró que los ajustes administrativos pueden aportar, pero no resolverán por sí solos el problema. A su criterio, el país debe asumir que existe una combinación de gastos rígidos, compromisos sociales y obligaciones financieras que limita el margen de maniobra del Gobierno.
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Más deuda significa más compromisos para el futuro
“Emitir bono y endeudarnos más nos da más ingresos, pero también nos da más compromiso en el futuro. O sea, lo que hoy recibimos vamos a tener que pagar mañana”, explicó.
Garicoche rechaza la idea de que exista una “varita mágica” capaz de resolver las cuentas públicas con una sola medida. “La varita mágica no existe. Existen sacrificios”, afirmó. En su visión, uno de esos sacrificios debe pasar por una mayor eficiencia del gasto público. También consideró necesario corregir la distribución de los funcionarios entre las instituciones, ya que existen dependencias con falta de personal calificado y otras con exceso de funcionarios.
¿El recorte de funcionarios públicos generará ahorros?
El economista sostuvo que reducir la cantidad de funcionarios públicos puede mejorar la percepción sobre el compromiso del Estado con el orden fiscal, pero no necesariamente generará un ahorro de gran magnitud. “El 75% de los funcionarios ganan menos de cinco millones”, señaló.
A su criterio, los casos de salarios elevados que suelen aparecer en las denuncias públicas no representan la situación de la mayoría de los trabajadores estatales. Por eso, consideró que el cumplimiento de la reforma del servicio civil tiene mayor relevancia que la creación constante de nuevas leyes.
¿Se deberán elegir qué programas priorizar?
La falta de recursos también puede obligar al Estado a postergar determinados programas o proyectos. Garicoche utiliza como ejemplo el plan de incorporación de policías.
Dijo que si el Estado no dispone de recursos suficientes para sostener todos sus compromisos, tendrá que reducir el ritmo de nuevas incorporaciones. “Algún tipo de sacrificio como ese u otro equivalente vamos a tener que hacer”, reconoció.
Sector privado y la sociedad deben tomar la iniciativa
Para Garicoche, el debate no puede quedar limitado al Gobierno. Empresarios y sociedad civil también deben participar en la discusión sobre el futuro de las cuentas públicas.
El economista planteó que la discusión debe abordar temas incómodos, como una eventual suba de impuestos, la reducción de determinados gastos y las prioridades del Estado antes de que llegue un escenario político más complejo.
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Las familias de menores ingresos quedan más expuestas
Aunque el déficit fiscal puede convertirse en un riesgo inflacionario si se mantiene durante varios años, Garicoche no atribuyó a las cuentas públicas la presión actual sobre los precios. “Los alimentos enfrentan problemas de oferta, producción y clima. A eso se suma el efecto de los precios de los productos importados”, refirió.
En esa línea reiteró que una suba de impuestos y un ajuste fiscal pueden tener efectos sobre los hogares y las empresas. “El impacto sobre las familias de menores ingresos merece especial atención porque tienen menos margen para absorber un aumento del costo de vida. Creo que la discusión debe comenzar antes de que la presión fiscal obligue a tomar decisiones de urgencia”, concluyó.