El Poder Ejecutivo por pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió la semana pasada un decreto donde estableció medidas adicionales de optimización y priorización de gastos, esto a fin de sanear las finanzas públicas y cerrar de lo previsto en cuanto al déficit presupuestario, que de acuerdo al plan de convergencia, debía volver este año al límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), o sea, dentro del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hacia finales de marzo último, el ex titular del MEF Carlos Fernández Valdovinos había anticipado una “economía de guerra” debido a la baja de las recaudaciones y el cúmulo de deudas con las proveedores, a lo que anunció que se vendría unas medidas de “ajustes de cinturones”.
Cabe resaltar que al mes de abril último el déficit fiscal se ubicó en 0,8% mensual y 2,2% en la variación anual, por encima del objetivo. Este déficit representa en término de valores unos G. 8,6 billones (US$ 1.200 millones al cambio actual).
Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto opinó que estas medidas anunciadas por el MEF, por lo menos significa una señal concreta de austeridad limitando la ejecución de ciertos rubros más superfluos o menos prioritarios. En estos recortes fueron incluidos remuneraciones adicionales, pasajes y viáticos, útiles de oficina, equipos informáticos y servicios de consultoría o catering en lo que queda del año, topeándolo a lo ejecutado el año 2025.
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Además agregó que al excluir los ministerios más grandes de dichos ajustes, habría que ver que tanto impacto cuantitativo puede tener en la contención efectiva del gasto público.
“Veo muy difícil que se pueda reducir el déficit al tope del 1,5% previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal solamente con estas medidas”, apuntó Barreto
A lo que agregó que para ver un impacto más efectivo, tendría que aumentar sustancialmente la recaudación tributaria en lo que queda del año, lo cual, indicó es poco probable.
“Tal vez con estas medidas se pueda contener el déficit y cerrar el año en los niveles actuales del 2,2% del PIB”, afirmó Barreto.
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Registrar todos los gastos para evitar que salten más deudas
El economista agregó que le pediría al MEF que instruya el registro correcto del gasto público al momento de la recepción de los bienes y servicios y la factura correspondiente. “Todos los compromisos asumidos por el Estado deben reflejarse en la Ejecución presupuestarias, de tal modo que que no aparezcan más deudas no registradas como en los últimos años”, aseveró.
Agregó también que hay preocupación por la pérdida de credibilidad en las cifras de ejecución presupuestaria que están reportando en el informe de Situación Financiera que emiten mensualmente.
Entre las medidas de ajustes dispuestas resaltan:
Topes en gastos de ceremonial, catering y eventos; Donde se dispone la suspensión de llamados, adjudicaciones y certificado de pago para la provisión de almuerzo, bocaditos y bebidas, con excepción de la contratación de servicios de alimentación para el personal sanitario y los servicios de salud, para los beneficiarles de los programas sociales, y para la alimentación de los empleados u obreros involucrados directamente en los procesos de producción de bienes y servicios en fabricas.
Prohibición para compras de inmuebles y nuevas obras: No podrán iniciar procesos de contratación para la adquisición o proceder a la adjudicación de inmuebles, tierras y terrenos, ni llamar a la construcción de obras de uso institucional que no resulten prioritarias. Quedan exceptuados de la presente disposición el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural.
Limitaciones para compra de equipos de oficina e insumos administrativos: El citado decreto prohíbe nuevos llamados y ampliaciones contractuales para la compra de mobiliario y equipos de computación
Prioridad a gastos esenciales: Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10).
Priorizar recursos para regularización de compromisos: Asimismo, la normativa contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado.