Agapito Iglesias, expresidente del Zaragoza, había señalado el miércoles que los 965.000 euros que supuestamente estaban destinados a amañar el partido entre el club maño y el Levante eran para un “pago de primas” a los jugadores para “motivar y animar” a los futbolistas que “no confiaban” en la situación económica del club.
Sin embargo, los jugadores negaron ayer haber recibido una prima especial general por la permanencia pactada días antes de este choque. Además, los nueve jugadores que junto al técnico Javier Aguirre y al director deportivo Antonio Prieto recibieron una transferencia de entre 85.000 y 90.000 euros unos días antes del choque, que según el club y ex directivos eran una prima especial para ellos, también negaron que fueran un premio.
El paraguayo Da Silva
El paraguayo Paulo Da Silva afirmó que él nunca negoció ningún tipo de prima ya que llegó en el mercado de invierno y que, al igual que algunos de sus compañeros, él devolvió esa cantidad al tratarse de un error.
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“Yo no quería ir con ese dinero, se lo di a un empleado del banco. No me acuerdo a quién se lo di”, dijo.
Esta es una de las cuestiones en las que más ha insistido el fiscal porque se da la circunstancia de que nadie recuerda a quién le entregó el sobre con alrededor de 90.000 euros. Todos los que han declarado hasta el momento coinciden, además, en que solo fueron una vez al banco, aunque constan firmas de los jugadores de retirada en efectivo en dos oficinas diferentes.
Los antecedentes del caso
El partido en cuestión se remonta a la última jornada de la Liga 2010-2011. El Real Zaragoza evitó bajar a segunda división al imponerse al Levante (2-1) a domicilio, en Valencia.
La justicia sospecha que el Zaragoza ingresó 965.000 euros en las cuentas bancarias de algunos de sus jugadores y miembros del equipo técnico para que a su vez lo entregaran a los jugadores del Levante, a fin de amañar el partido. Según un auto del tribunal de Valencia, los jugadores del Levante que presuntamente recibieron el dinero redujeron de manera drástica sus gastos después de los hechos, sin dar una “explicación razonable” por ello.