Se encontraban encadenados desde el 11 de mayo Rubén Darío Agüero (poblador), las exfuncionarias Mirna Rosa Fleitas y Marisol Núñez y el concejal municipal Cándido Vera (PLRA). El fiscal ya había imputados en su oportunidad a los tres primeros y otros concejales por coacción y la violación de la cuarentena sanitaria.
Los manifestantes exigían el cobro de sus haberes y denuncian malversación de fondo municipal, la falta de pago por el consumo de energía eléctrica a la ANDE, entre otras supuestas anomalías.
La Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas del ejercicio fiscal del año 2019 del intendente López. Los ediles ya enviaron los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República y exigen la intervención de la comuna caazapeña.
El intendente indicó que no hay motivos para su renuncia y denunció a los manifestantes por coacción y por violar la cuarentena inteligente.
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