La entidad explica que adoptó esta decisión teniendo en cuenta que en mayo se registraron más de 1.800 nuevas inclusiones de beneficiarios en la planilla fiscal de pagos, de los cuales un 89% proviene del sector docente.
Además, señala, que la mayoría de los beneficiarios requieren que sus resoluciones de jubilaciones sean modificadas para ampliar la foja de servicios y la base de su haber jubilatorio, a fin de computar sus años de servicios para el beneficio hasta la fecha de su desvinculación laboral, y pagarles sus haberes atrasados desde dicha fecha hasta su incorporación en la planilla fiscal de pagos (mayo/2019).
Expresa que actualmente la Dirección de Jubilaciones cuenta con limitados recursos para procesar la modificación de las referidas resoluciones y para realizar el cálculo de los haberes atrasados, ya que todos estos procesos, hasta tanto se incorpore un sistema de gestión informatizado cuyo desarrollo e implementación están en proceso, deben ser realizados de manera manual, lo que obliga a recurrir a los antecedentes físicos que respalden los procesos anteriores, dado que estos procesos son llevados a cabo de manera paralela con los demás trámites.
Asimismo, comunica que para dar transparencia a los procesos resulta necesario identificar de acuerdo al ingreso en el sistema los expedientes de inclusión en planilla de quienes percibirán sus haberes conforme al calendario elaborado (julio, agosto, setiembre). Esto permitirá la asignación objetiva desde los más antiguos a los más nuevos, afirma.
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La Caja de Jubilaciones tiene más de 62.000 beneficiarios y la masiva jubilación en educación pone en aprietos a la administración.