El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tiene proyectado ejecutar este año unos G. 30.000 millones para destrabar los conflictos, pagando por las tierras que ya fueron contratadas, de nueve asentamientos, que beneficiarían a aproximadamente 1.600 familias campesinas, declaró ayer el titular del ente, Mario Vega.
“Hago llegar un mensaje claro, no habrá desalojo de las familias campesinas. Se harán los pagos con los fondos previstos en el Presupuesto General del 2019, que son de G. 82.000 millones, para la compra de tierra, que se ejecutó 35% y puede alzar la ejecución (total)”, indicó.
Vega explicó que con el pago de deudas, el Gobierno busca descomprimir y destrabar conflictos heredados de administraciones anteriores. “Hay un avance en el diálogo con los propietarios de tierras y los campesinos, de manera a buscar soluciones por la vía del diálogo, evitando así llegar a los desalojos”, expresó.
También dijo que el Indert ya ha llegado a un acuerdo con los propietarios, para que por lo que va de este año se realicen pagos de entre un 20% y 60% por las tierras, los cuales están siendo gestionados, porque se requiere de la presentación de ciertas documentaciones para hacer la transferencia a favor de los propietarios, como solicitud de condición de dominio, de catastro, etc.
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Según las declaraciones del nuevo titular del Indert, hay una larga lista de propietarios de diferentes departamentos que están esperando los pagos y que si se mantiene el actual plan se podría tardar entre 7 y 8 años, el pago de los US$ 71 millones que arrastra el ente como deuda desde hace años.
“Se están clasificando los expedientes que están en proceso y los que tienen todas las documentaciones en regla, acotó.
Agregó que para saldar un mayor porcentaje de la millonaria deuda de la institución, el Indert presentará este año al Congreso un proyecto de ley para la venta de las extierras de Antebi, ubicadas entre Concepción y Amambay.
Comentó que ya tienen el borrador del proyecto con la firma de 12 senadores.
“Estamos impulsando soluciones a través de mesas de diálogo con el sector campesino, por ejemplo, el caso de ‘Tres de Noviembre’, Repatriación, Caaguazú, donde avanza el diálogo con los campesinos y propietarios, con mediación del ente”, acotó.
Sobre el reclamo de la Federación Nacional Campesina, declaró que acorde con los datos que maneja el Indert, con base en los pedidos de informes de las instituciones fiscales y de Justicia, no existen los 800 pedidos de desalojos, que denunció dicho gremio.
Con relación a la amenaza de algunos propietarios a los que el Indert adeuda, de que encararían juicios de desalojo a asentamientos establecidos, explicó que la metodología en todos los casos es, primero, convocar a los propietarios para el diálogo. Pero que en la mayoría de los casos no correspondería el citado procedimiento, porque ya suscribieron las escrituras de transferencia a favor del Indert. En todo caso, lo que podrían reclamar son los intereses por la mora, según apuntó.
Respecto al cronograma previsto para 2020, el Indert tiene presupuestados unos G. 47.000 millones para destinar a la compra de tierras, estimadas en unas 3.585 hectáreas.