Los costos de la corrupción no se limitan solamente a los sobornos pagados por las empresas o personas, ya sean para agilizar trámites en la función pública u obtener contratos con el Estado (que de por sí, son sumas millonarias). Sino que sobre todo, se traducen en menor satisfacción de las demandas sociales, es decir, significan menos inversión en educación, salud, seguridad, infraestructura, etc.
Pero esta conclusión no es una simple percepción ciudadana, sino que está basada en estudios llevados a cabo por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que tomó datos de investigaciones del Banco Mundial y Transparencia Internacional. Así, en los países con menor percepción de la corrupción, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es mayor, como en Chile (25.000 dólares), Uruguay (15.600 dólares) y Costa Rica (12.000 dólares). Mientras que en los que se tiene mayor percepción del flagelo, se observa un PIB per cápita inferior.
Solo a modo de referencia, en el caso de Paraguay, el PIB per cápita ronda los 5.500 dólares y la percepción de corrupción es mucho mayor que en Chile (pese a las protestas, el país andino tiene una economía mucho más desarrollada que la nuestra).
En el gráfico que acompaña esta nota se observan puntos de color naranja que corresponden a los países de Latinoamérica. Podemos colegir, entonces, que el nivel de corrupción es inversamente proporcional a la expansión económica. Todo esto forma parte de los temas abordados por la CAF en su reporte de Economía y Desarrollo 2019, presentado la semana pasada en Quito, Ecuador, evento al que ABC fue invitado.
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Corrupción atenta contra los derechos humanos
Este flagelo, por otro lado, además de perjudicar la economía de los países y el bienestar material de sus ciudadanos, también atenta contra el goce de los derechos humanos, según sostuvo en el evento de referencia el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández.
“Lo que resulta importante de resaltar es que hoy en la temática de la Comisión ubicamos la corrupción y las empresas como desafíos para los derechos humanos. La Comisión está trabajando en ambos temas de manera muy puntual y ha producido un informe sobre las empresas y derechos humanos, destinado a hacer recomendaciones muy específicas a los Estados pero también a las empresas”, declaró.
Este enfoque comenzó a tener el organismo desde el 2017, según lo explicado, porque la corrupción afecta en el goce y disfrute de derechos civiles y políticos, así como también los económicos, sociales, culturales y ambientales. “Por virtud de un acto de corrupción hay una afectación a toda la gama de los derechos mundialmente reconocidos. La Comisión siente la responsabilidad de desarrollar mecanismos para proteger a las personas en las afectaciones a sus derechos pero también para la reparación a las víctimas que en los países hayan sido afectadas en sus derechos”, señaló.
En este sentido, está demostrado que los sectores vulnerables son los más perjudicados por un acto de corrupción, pues afecta la prestación de servicios públicos y fondos destinados a los más desfavorecidos de la sociedad. “Hay una vinculación entre la impunidad y la corrupción. En la medida que dejamos estos vacíos legales, estamos precisamente afectando el goce de los derechos humanos”, puntualizó Hernández.
El informe al que hizo referencia el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía no está disponible en formato online, pero lo estará próximamente, según lo anunciado. Así también, el reporte económico de la CAF será presentado el próximo 19 en Asunción.