Una auditoría interna desarrollada en la Industria Nacional del Cemento (INC) este año, a la que accedió nuestro diario el fin de semana, confirma la existencia de numerosas anomalías y hasta posibles hechos punibles en la ejecución de los US$ 80 millones, entregados a la administración de Jorge Méndez (agosto de 2013- mayo de 2018) durante el gobierno de Horacio Cartes.
Este documento se suma a la auditoría que la semana pasada difundió, por su parte, la Contraloría General, y que también halló indicios de corrupción en la estatal (aunque la verificación del ente contralor no incluyó específicamente cómo se usó el millonario monto).
En el caso de la auditoría interna, iniciada por Javier Rodríguez Ferrer (gestión noviembre 2018-setiembre 2019), muestra las falencias en cada uno de los contratos entre la INC y las ya anteriormente cuestionadas empresas FLSmidth Inc, Engineering SA, CIE SA y Distripen, de Haydée Bordón, que se encargaron de las obras y provisiones que eran para la optimización de la producción de clinker y también de cemento.
Producción limitada
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En la licitación para “Provisión y puesta en marcha de nuevos equipos y accesorios para la optimización del Horno III de la Planta Industrial de Vallemí”, adjudicada a la empresa FLSmidth por US$ 24.390.500, y que tuvo una ampliación de US$ 3.780.300 por medio de una adenda con varios cuestionamientos. Por ejemplo, la observación principal es que nunca se alcanzó la garantía de producción de 2.200 toneladas de clinker por día en el Horno III, mencionada en el contrato.
Es que antes de esa millonaria inversión, que tenía como objetivo cambiar el tipo de combustible para el horno (de fueloil a coque u otros combustibles sólidos), ya se producían 2.000 toneladas de clinker diariamente.
Por otro lado, varios servicios fueron recibidos sin contar con disponibilidad presupuestaria, la empresa no proveyó repuestos para el molino de coque y no existe documento relacionado al estudio de influencia de azufre emitido al ambiente.
“Temas abiertos con el contrato con INC”
Nuestro diario se comunicó ayer con el representante de FLS, Sathish Krishnamoorthy, a su número de Estados Unidos que aparece en el portal de Contrataciones. El ejecutivo nos derivó con Marcello Rodríguez para que responda nuestras preguntas, quien también nos atendió desde el país nórdico y comentó que todavía “hay temas abiertos con el contrato con INC”. No obstante, se excusó diciendo que no puede brindar mayores detalles, pues los canales de comunicación establecidos por la compañía son a través de los oficiales de la misma. Nos pidió que enviemos las preguntas a su correo electrónico y así lo hicimos. Nuestro diario aguarda las respuestas de la compañía.
Según los antecedentes, la firma internacional FLSmidth fue parte del consorcio denunciado hace décadas por estafar a la INC, en los años 1980, en inversiones que nunca funcionaron y que implicaron una pérdida neta de US$ 100 millones para esa fábrica estatal. Pese a eso, las autoridades del gobierno la volvieron a contratar y otra vez se tienen cuestionamientos de los resultados de su trabajo.
Sin garantía y en algunos casos, sin documentación
Por otro lado, en el contrato con la firma Engineering para la “Provisión y puesta en marcha de un nuevo molino de cemento y equipos auxiliares”, cuyo monto ascendió de US$ 11.479.999 a US$ 12.464.659, se encontró que la póliza de garantía de fiel cumplimiento hasta la fecha está vencida y que no existía documentación que justifique varias de las decisiones tomadas. La industria estatal se ha negado a darle la recepción definitiva al trabajo de Engineering, alegando que no levantaron observaciones que se le hizo.
ABC Color conversó ayer con Andrés Campos Cervera, representante de la referida compañía. Este afirmó que la empresa cumplió con todas las exigencias y que aun así la INC se rehúsa a recibir los equipos de forma definitiva y pagarle una deuda de US$ 540.000.
Aseguró que si hoy la estatal está despachando cemento, es gracias al molino que la empresa le proveyó en su momento.
Inclusive, Campos Cervera adelantó a nuestro diario que dentro de 15 días iniciarán acciones judiciales contra la cementera estatal, pues a su criterio ya agotaron todas las instancias administrativas. Eso incluyó un advenimiento ante la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), que según él también dio la razón a su compañía.
En la conclusión del documento al que accedió ABC Color, los auditores afirman que al no contar con el equipo prometido inicialmente ello “deja inviable obtener el resultado esperado”, es decir, aumentar la producción. Jorge Méndez había prometido pasar de producir 50.000 bolsas de cemento por día que despachaban antes de la inversión a unas 90.000.
Eso nunca sucedió. Es más, tanto el horno como el molino de clínker sufrieron varias paradas y empezaron a generarse denuncias desde dentro de la cementera sobre aparentes desvíos de fondos o hechos de corrupción.
Esta auditoría interna fue impulsada por el entonces presidente de la INC Javier Rodríguez, quien ayer ante nuestra consulta sobre si accionaría judicialmente ante posibles hechos punibles dijo que él ya está fuera de la estatal y el caso queda en manos de las instituciones pertinentes (Contraloría, Fiscalía, Procuraduría).
Varias auditorías a la cementera
La auditoría interna realizada en INC es paralela a la que llevó a cabo ahí la Contraloría sobre el período 2018. El organismo fiscalizador reveló indicios de negociados con firmas “mimadas”, como IMI, que se llevó en tres años contratos para provisión de insumos por casi US$ 40 millones. La Contraloría también empezó, pero aún no terminó, otra auditoría sobre el uso de los US$ 80 millones.
Nuestro diario intentó comunicarse con el expresidente de INC que recibió los US$ 80 millones, Jorge Méndez, pero no respondió.