La línea 36 sigue como beneficiaria del subsidio estatal pese a los indicios de cobro irregular, al igual que las líneas 34, 58, 232 y 454, cuyos representantes fueron procesados y aún no cuentan con una sentencia firme (ver cuadro).
Otra firma también procesada, sin finiquito pero ya no es beneficiaria del subsidio, es Cerro Kõi, Línea 203 y 110, cuyos representantes son María Teresa Quiñónez de González y Roberto Rolón Cáceres.
La investigación se inició en 2016, cuando el entonces titular de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de asunción (Setama), Agustín Encina, denunció que seis firmas accedieron al subsidio de manera irregular. Los representantes fueron imputados por “estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones y producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso”. En aquel momento, se estimó que se trataría de un perjuicio de más de G. 13.000 millones.
Conforme con los antecedentes, se reportaron indicios de que 123 buses antiguos se hicieron figurar como nuevos, tras adulterar el chasis y documentos.
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La fiscala Karina Caballero señaló que el caso de la línea 36 es el único que irá a juicio oral de las seis sospechosas. Los demás obtuvieron sobreseimiento definitivo por considerarse que las apelaciones, en diferentes instancias, fueron planteadas fuera de plazo. La Fiscalía interpuso casaciones (solicitud de nulidad de los sobreseimientos definitivos) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aún no se expide.
El Viceministerio de Transporte hace tres años no es auditado por Contraloría, por lo que no existe control en el otorgamiento de subsidios. Recién después de publicaciones periodísticas, el ente solicitó informes.
