Son 34 las empresas transportistas que solicitaron el fraccionamiento de deudas con el Estado, de las cuales 10 cancelaron sus compromisos y el resto mantiene un saldo pendiente, de acuerdo con un informe del Viceministerio del Transporte del Ministerio de Obras Públicas, suministrado a ABC a través de un pedido en el portal de acceso a la información pública. El reporte aclara que en los montos no se contemplan los intereses generados por el atraso de pagos.
Al comparar el listado de transportistas que reciben subsidios con la nómina de aquellas que adeudan al Estado, se constata que 14 firmas deben en concepto de cánones al Viceministerio de Transporte, pero de igual forma, reciben dinero público (ver cuadro).
El Decreto N° 6.630/11 firmado por el expresidente Fernando Lugo fue el que dio inicio los pagos de subsidio, con la excusa de “atajar el precio del pasaje”. En 2013, el expresidente Federico Franco firmó dos decretos, que son el N° 10.765 y N° 11.333, que modificaban el artículo 6°, sobre los requisitos para acceder a tal beneficio. Así, se estableció como exigencia que podrán ser beneficiarios solo “aquellos que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones de pago con la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama)”.
El viceministro de Transporte, Pedro Britos, se niega sistemáticamente a responder mensajes y llamadas de nuestro diario, que busca una explicación por parte del funcionario de cómo se usa el dinero público en la subsecretaría que tiene a cargo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Ante esta situación, fue abordado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien dio un respaldo absoluto a las decisiones de Britos, pese a las irregularidades detectadas.
Al ser insistido, reiteró que Britos maneja todos los detalles y solo él puede dar declaraciones con relación a subsidios a transportistas.
IPS niega información
Otro de los requisitos para acceder a los subsidios son la inscripción y el pago de aportes al día al Instituto de Previsión Social (IPS). Se solicitó a la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP), cuyo titular es Ramón Giménez, el listado de transportistas registrados, cantidad de empleados y aportes que realiza, además de identificar aquellas que se acogieron al fraccionamiento de deudas, pero la respuesta fue negativa, alegando “secreto bancario” (sic).
La postura se mantuvo pese a la persistencia de que se estaría encubriendo a empresas que incumplen normas laborales y, además, reciben recursos del Tesoro Público en concepto de subsidio.
ABC derivó la consulta sobre esta situación al contralor general de la República, Camilo Benítez, y a su directora de Control Gubernamental, Gladys Fernández. Casi una semana después, solicitaron reportes a Obras Públicas y Hacienda acerca de los subsidios, no así al IPS.
Ocultan información ante evidente despilfarro de recursos
En lo que va del año, el Viceministerio de Transporte (VMT) otorgó a transportistas más de G. 44.000 millones en subsidios, recursos obtenidos del Tesoro Público, es decir, de los contribuyentes. Llama la atención la poca transparencia para informar a la ciudadanía sobre la distribución de esos fondos. En la web del VMT no está la lista de las empresas de transporte operativas, propietarios, cantidad de empleados, pasajeros que trasladan, etc. La única vía disponible para acceder a datos, el Portal de Acceso a Información Pública, implica una demora de 15 días para la respuesta que, por lo general, es escueta o incompleta.
ggonzalez@abc.com.py