Esta es la única suspensión que se aplica en materia societaria, aclara el decreto 3098/19 del Poder Ejecutivo emitido el viernes último, y se da en virtud a pedidos de cientos de sociedades que aún no cumplieron con el requisito, ni iniciaron el trámite de modificación de estatutos.

Es la segunda postergación, ya que la primera vez pasó del 10 de octubre de este año, al 10 de diciembre pasado. Sin embargo, en dicho tiempo fue imposible registrar la totalidad de SA que deben canjear el 100% de sus acciones al portador a nominativas, de acuerdo con lo establecido por la Ley 5895/17 que transparenta el régimen de las sociedades en el país, con el fin de la identificación total de los accionistas.

El decreto 3098/19 aclara además que no afecta la disposición que estableció que hasta el 10 de diciembre se puede presentar la solicitud de dictamen por modificación de estatutos para conversión de acciones, ya que a partir de esta fecha se tiene en cuenta los siguientes procedimientos para la adecuación total, que no podrá pasar del 30 de junio de 2020.

En primer término, los que no cumplieron con el primer paso de iniciar el cambio de estatutos hasta el 31 de diciembre, se exponen a una multa de hasta 100 jornales mínimos, es decir, G. 8.434.000 que corre desde el 1 de enero de 2020.

La normativa establece que el proceso total del canje se podrá gestionar hasta mediados del año 2020. Luego de esta fecha, las empresas se exponen a sanciones más estrictas, que pueden ir hasta la cancelación del RUC y la sociedad.

Esta medida busca transparentar el régimen de las sociedades, en cumplimiento de una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAF1). Nuestro país está actualmente dentro de un proceso de evaluación de estos temas por parte del citado grupo contralor.

La Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda estima que alrededor de 5.000 sociedades aún no dieron inicio al trámite previo para el canje de sus acciones “al portador” por las nominativas.

Cabe señalar que entre octubre de 2017 a la fecha, se registraron cerca de 20.000 pedidos de modificación de estatutos. Sumadas a las nuevas que surgieron a partir de 2017, que ya nacen con las acciones nominativas (por lo que ya no requieren canjear), alcanzan ya las 33.000 sociedades.