En rueda de prensa ofrecida ayer en la explanada de la ANDE, el secretario general del gremio sindical, Esteban Montanía, expresó en nombre de sus compañeros que están “muy preocupados” por el camino que va tomando el proceso previo de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, “con la nominación de los negociadores, especialmente de (Héctor) Richer”, aseveró.
El sindicalista añadió que con Richer tienen una “experiencia muy triste” en la ANDE, puesto que siendo presidente de la institución y consejero de Itaipú, fue uno de los que aprobaron en el balance de 1997/98 de la binacional los US$ 4.200 millones de la llamada deuda espuria, que hizo que el costo de la energía sea más cara posteriormente.
Alegó que también sigue “muy presente” la defensa de Richer del Acta Bilateral (suscrito el 24 de mayo de 2019), que finalmente fue anulado. Acotó que de esta forma (con el nombramiento del futuro negociador), el Gobierno se mantiene en su postura de que los paraguayos son “pillos y peajeros”.
En ese contexto, Montanía dijo igualmente que con el último acuerdo con Eletrobras, sobre la contratación de potencia, de todas maneras habrá un sobrecosto para la ANDE de alrededor de US$ 100 millones, teniendo en cuenta que se aprobó prácticamente el 50% del contenido del acta entreguista.
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Consultado (como miembro de la comisión asesora de la Cancillería) sobre lo que el Gobierno tiene en manos para negociar Itaipú, Montanía afirmó: “La comisión continúa y creo que se reunirá el próximo 27 de enero, pero hasta ahora no sabemos lo que el Gobierno quiere. Ahí hay un abanico de temas, donde nos vamos a hacer catarsis y el grupo del ingeniero Richer plantea el estatus quo en Itaipú”.
En la conferencia de prensa, lamentaron la inexistencia de una política de Estado tendiente a utilizar efectivamente la energía que le corresponde al Paraguay en las binacionales, como por ejemplo el uso de vehículos eléctricos del transporte público urbano de pasajeros.
Según comentó el sindicalista, lo único que le escuchó decir al canciller Antonio Rivas fue que el Gobierno está interesado en contar con los US$ 1.000 millones (de los US$ 2.000 millones) que “sobrarán” en Itaipú tras la cancelación de la deuda con la supuesta idea de que al cancelarse la deuda de la binacional ambos países serían beneficiados con el monto que se venía pagando por esa deuda. “Pero no tenemos clara la película de cómo se alcanzará ese monto y, en todo caso, qué es lo que se va a hacer con esa plata que supuestamente va a ingresar a las arcas del Estado paraguayo”, dijo.
Según él, sería lamentable que esos recursos, que supuestamente estarán disponibles a partir del 2023, se utilicen para seguir subsidiando a los sojeros, a los ganaderos, para construir rutas, puentes y el dragado de los ríos, los cuales finalmente no benefician a la población paraguaya de escasos recursos. “Nosotros somos un país pobre que necesita contar con los recursos de nuestra mayor fuente de ingresos, Itaipú”, subrayó.
Antecedentes de la “deuda espuria”
De acuerdo a los antecedentes, el endeudamiento del Brasil con la Itaipú Binacional, conocida como “deuda espuria, de poco más de US$ 4.000 millones, fue generada a finales de la década de los 80 y durante la década de los 90, porque la tarifa energética para el país vecino estaba por debajo del costo normal, es decir de lo establecido en el Tratado, que dice que la entidad no puede vender la energía generada por debajo del costo de explotación. El 25 de febrero de 1986, los máximos órganos de administración de la entidad adoptaron como tarifa US$ 14,75 el kW/mes la potencia contratada. Pero el 4 de abril del año 1986, los administradores brasileños y paraguayos de Itaipú decidieron reducirlo a US$ 10 el kW/mes.