Un reporte que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) proveyó a ABC Color indica que ese organismo destinó más de G. 366.000 millones en la ejecución del programa Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavis) entre 2018 y 2019.
Fonavis es la fuente de recursos que el Estado establece para subsidiar programas de viviendas sociales. Para ejecutar los proyectos de construcción de casas, el MUVH recurre a empresas que prestan “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, las cuales son entidades habilitadas por la institución y pueden ser profesionales independientes, empresas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, entre otros.
El ministro Dany Durand dijo a nuestro diario que los SAT se encargan de realizar las gestiones con las constructoras y los beneficiarios y que MUVH solo controla, y que es la única manera de que el proceso sea ágil.
En tal sentido, se priorizan las zonas con más necesidad de soluciones habitacionales, para cumplir con el plan diseñado por departamento y en todo el país, aseguró.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
De esta manera, el ministro reconoció que las SAT y las constructoras no se someten a los procesos establecidos en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, pese a que recibe recursos obtenidos a través del pago de impuestos.
Al respecto, Durand recalcó que el objetivo de la cartera es disminuir el déficit habitacional en todo el territorio nacional e impulsar la economía nacional mediante el uso del fondo, y alegó que aunque no hay fiscalización de Contrataciones Públicas para los recursos del Fonavis (la mayor parte del presupuesto de la cartera), existen controles internos. El Fonavis absorbió solo en 2019 unos G. 325.808 millones de los 371.048 millones que fueron obligados ese año en el presupuesto.
En la página web del MUVH está la lista de las SAT y constructoras con las cuales trabaja pero no el detalle de las obras que tienen a su cargo.
El ministro insistió en que mediante el mecanismo implementado con las SAT los procesos para concretar las obras son más ágiles, aunque prácticamente son contratos directos pagados con dinero de la ciudadanía.
Llamados del 2017 siguen abiertos
Al menos 17 llamados del 2017 y 2018 siguen en ejecución, pese a que el promedio para el cumplimiento del contrato es de 5 y 6 meses, según confirmó el ministro Dany Durand. Respondió que estos procesos continúan porque algunos fueron anulados e implica tiempo el trámite para la reapertura. Según el informe proporcionado, las obras que todavía no concluyeron fueron iniciadas en los distritos de Arroyito, San Alfredo y Concepción del departamento de Concepción; Yhú, Caaguazú; Bella Vista, Caazapá; San Pedro del Paraná, Itapúa; Pedro Juan Caballero, Bella Vista y Capitán Bado, Amambay; Yasy Cañy y Curuguaty, Canindeyú; Benjamín Aceval y Tte, Manuel Irala Fernández, Pdte. Hayes.