Las autoridades del Ministerio de Hacienda y los representantes de los sindicatos de las empresas públicas se reunieron ayer e iniciaron un proceso de diálogo sobre los recortes aplicados a los beneficios que cobran los funcionarios, por citar algunos: ayuda vacacional, ayuda alimentaria para toda la familia, ayuda escolar para hijos hasta 24 años.
El objetivo de esta negociación es consensuar las medidas para que dentro de un plazo de entre 15 a 20 días, se acuerde la decisión a ser adoptada finalmente y con esto se abre la posibilidad de que se flexibilicen ciertos pagos para los casos que consideran que si corresponde abonar, un punto intermedio entre lo que cobraban y el tope fijado por el decreto reglamentario del presupuesto 2020.
Caso por caso
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, ministro sustituto en ausencia del titular de la cartera Benigno López, explicó que se acordó analizar caso por caso como afecta a cada institución los topes establecidos a los beneficios adicionales en el decreto que reglamenta la ley de presupuesto.
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En ese contexto, se habilitó a que los sindicalistas para que analicen con los respectivos administradores de entidades el tema y presenten una propuesta en la próxima semana, de tal modo a avanzar hacia un acuerdo.
A la par de que los funcionarios sindicalizados trabajen con los administradores, las autoridades de la cartera fiscal lo harán con los presidentes o directores para conocer más detalles de los diferentes beneficios contemplados en los contratos colectivos.
El viceministro Orué señaló que en líneas generales el Gobierno no tiene la intención de retroceder en los topes establecidos, ya que tiene una firme decisión de mejorar el gasto público y hacer más eficiente los servicios. Sin embargo, dijo que se verá caso por caso y en algunos podría concluir que “puede ser que corresponda pagarlo otra vez, pero ya no de forma desmedida, sino ver un punto intermedio”.
Menor perjuicio
José Pineda, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE y vicepresidente de la CUT, por su parte, afirmó que la idea es buscar una salida consensuada entre las partes y que esto le cause el menor perjuicio posible a los trabajadores, en línea con el contrato colectivo de trabajo. Sostuvo que creen que es una forma racional del tratamiento del conflicto generado, en el sentido de que el contrato es entre las partes y cualquiera puede pedir la renegociación. “Veremos hasta que nivel podemos aceptar”, puntualizó.
El sindicalista explicó que tras el pago del primer mes del año ya tuvieron importantes descuentos en varios conceptos, por lo que pidieron que se revea esto.
Los sindicatos de las empresas públicas asumieron el compromiso de que los servicios no serán afectados y que mientras dure las negociaciones, las manifestaciones serán mínimas.
Integrantes de la mesa de diálogo
En la reunión de ayer el sector oficial estuvo encabezado por el viceministro de Tributación y ministro sustituto, Óscar Orué; lo acompañaron el director del Tesoro, Marco Elizeche, el abogado del Tesoro, Fernando Benavente y el director de empresas públicas, Elvio Brizuela. En tanto, en representación de los sindicatos de las empresas públicas, estuvieron Esteban Montanía, titular de Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), José Pineda, dirigente de Sitrande y vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julio López, titular de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), entre otros cuyos nombres no se dieron a conocer.