Aunque la empresa Mota Engil activó el artículo 10 del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y Portugal, para seguir negociando a nivel de Cancillería sobre el caso del fracasado metrobús, la firma portuguesa ya renunció a su derecho de utilizar las vías diplomáticas, según manifestó ayer a nuestro diario el procurador Sergio Coscia.
Explicó que esto se debe a que la compañía europea decidió demandar al Estado ante dos instancias arbitrales, por lo que sometió la discusión a un control jurisdiccional, en la que reclama al Estado la suma de US$ 25 millones, por los supuestos “daños” que le causó el fallido plan.
Recordemos que con este propósito, Mota Engil recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, Estados Unidos, y pidió al MOPC otro arbitraje en Chile, con las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que tiene su oficina central en París, Francia.
“Si bien Mota está intentando negociar por la vía diplomática, ellos al presentar las demandas arbitrales renunciaron implícitamente al derecho de recurrir por las vías diplomáticas, ya que la propia empresa demandante ha optado por las vías arbitrales mucho antes que las diplomáticas”, expresó Coscia.
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Añadió que “evidentemente quieren utilizar ese mecanismo como vía de presión y por eso han recurrido a Cancillería. No obstante, a mi criterio, los demandantes ya no poseen esa opción. Aclaro además que en todo momento, como siempre hemos actuado desde la Procuraduría, vamos a buscar la protección de los intereses patrimoniales de la República”.
En este tema, la empresa portuguesa ya cobró US$ 30 millones hasta octubre del año pasado, pero solo realizó obras parciales en un trayecto de 3,8 km del corredor central del Metrobús (tramo 3), según los certificados de obras, de los 12 km que debía ejecutar. Aparte de esto, ahora reclama otros US$ 25 millones. El MOPC solo podría recuperar unos US$ 13 millones de lo que ya pagó, correspondientes a las pólizas por incumplimiento del contrato y del anticipo.
Se “olvidaron” de Ocho A
El MOPC se “olvidó” de la participación de la empresa local Ocho A en el proyecto del metrobús, que figuró como subcontratista principal de Mota Engil en el contrato, según señaló el abogado Theodore Stimson, experto en derecho administrativo. Recordemos que la empresa Ocho A pertenece a la familia del asesor económico del Ejecutivo, Luis Alberto Pettengill Castillo, que incluso fue beneficiado con las acciones de Mota Engil en el proyecto de la duplicación de la Ruta PY02. “La presencia de Ocho A en las fases iniciales del proyecto de metrobús, como el local partner de Mota, amplía su pasivo en el contrato, no solo a las obligaciones asumidas en el subcontrato, sino a la totalidad del subcontrato, como está expresamente previsto en el contrato”, dijo.