Señala también el proyecto de ley que la empresa que incurriera en esta falta en épocas de pandemia o emergencia declarada en el área que presta servicios se le aplicará la cancelación y prohibición de presentarse a una nueva licitación por 10 años. También se establecen sanciones de no percepción de subsidios a transportistas que no cuenten con rampas elevadoras en al menos 50% de su flota y establece un plazo de 90 días para la adecuación. Por último, dispone penas de 6 meses a 5 años de prisión a los propietarios, accionistas o representantes legales de las empresas que realicen alguna amenaza o extorsión relacionados con la prestación del servicio.
23 de abril de 2020 - 02:00
Hoy tratan proyecto de castigo a colectiveros
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