Guillermina Coronel, representante de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), opinó que este Día del Trabajador que conmemoramos hoy es triste, el más atípico en el mundo, pero en Paraguay, particular mente peor. “Los procesos del Estado son muy lentos, muchos trabajadores están sin dinero y sin trabajo”, reflexionó. Recordó que históricamente las respuestas del Estado están dirigidas a las medianas y grandes empresas, no así a las micro y pequeñas firmas y lamentó la excesiva demora para otorgarles créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF). “Cómo se explica que demore tanto en analizar carpetas de micro y pequeñas empresas, qué tanto van analizar. Es el sector al que más le urge”, recalcó.
Luis Tavella, vicepresidente de los micro, pequeños y medianos industriales, destacó que la falta de asistencia a las mipymes, que emplea al 70% de la fuerza laboral, corta el consumo, esto incluso existiendo el Fondo de la Garantía del Paraguay (Fogapy). “La lentitud corta la cadena de consumo. El empresario necesita recursos para pagar a los empleados, quienes a su vez adquieren bienes y servicios, y así sucesivamente, es como un circulo que beneficia a todos”, dijo y destacó la importancia de adquirir productos nacionales para “alimentar” esa cadena.
Conforme a un informe de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), muchas firmas apeligran cerrar en las próximas semanas (ver infografía).
Por su parte, Pilar Callizo, abogada laboralista y vocera de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas (Amype), rememoró que 25 años tardó en lograrse la ley de mipymes, lo cual refleja el desinterés o incapacidad del Estado. “Mientras nosotros debatíamos el proyecto de ley de mipymes, en Perú se realizaba la cuarta reforma de esa ley”, comparó.
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Indicó que el panorama actual sería diferente si ya existían mecanismos, como un fondo para el desempleado y la formalización de la mipymes.
El Gobierno estimó que por la cuarentena, 300.000 personas quedarían desempleadas. Hasta el momento, unas 70.000 fueron suspendidas o despedidas, Hacienda subsidió a 1.100.000 informales, y el IPS recién pagó a menos de 12.000.