Maricel Ibáñez, presidenta del organismo en nuestro país, destacó que la solidaridad cumple un rol fundamental y que beneficiará a toda la economía, directa e indirectamente. “Sabemos que en tiempos de crisis, la responsabilidad, la transparencia y la creatividad son claves que pueden ayudar a salvar empresas, puestos de trabajo y hasta vidas humanas”.
Ibáñez mencionó algunas acciones que empresarios pueden aplicar para colaborar en el dinamismo de la economía, tales como las grandes cadenas de supermercados, farmacias, empresas de consumo masivo paguen responsablemente a sus proveedores en el menor plazo posible. “Es lo que se puede llamar responsabilidad social real, porque ayudan a su cadena de suministro”, explicó. Añadió que implementando estas medidas se logra proteger a miles de empresas proveedoras de alimentos y productos, las cuales a su vez con esto podrían tener la confianza e ingresos necesarios para mantener a sus empleados, comprar materia prima y de esta forma, se mantenga la cadena de producción nacional.
La vocera del organismo destacó el rol protagónico que cumplen las autoridades a fin de garantizar los recursos a las mipymes. A modo de ejemplo, mencionó que en Chile desde el año pasado rige la “Ley de pago a 30 días”, que consagra, entre otras materias, que las facturas –de cualquier tipo de empresa– deben ser pagadas como regla general, en un plazo máximo de 30 días desde su recepción.
Además, Ibáñez observó la necesidad de brindar mayores facilidades a las mipymes para operar, que podría traducirse en la apertura de cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) que deseen implementar e-commerce, puesto que dará mayor fluidez al comercio entre los trabajadores y aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable, tanto en el país como en el extranjero.
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Por otra parte, señaló también que desde el Gobierno podrían desarrollar iniciativas para inyectar ingresos al sector que emplea al 70% de la población económicamente activa (PEA), como la de adaptar programas sociales, garantizar el comercio abierto y el flujo acelerado de bienes esenciales a través de las fronteras. Además, implementar canales formales e informales para el diálogo entre el Gobierno, los empleadores, los trabajadores y las comunidades. “La instalación de una mesa de trabajo entre el sector privado, gremios y Gobierno para evaluar las mejores medidas y las experiencias internacionales”, explicó Ibáñez.