En la última quincena de mayo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) lanzó el llamado a licitación para incluir a micro, pequeñas y medianas industrias dedicadas a la fabricación de productos nacionales y/o innovadores a su tienda virtual, como parte de su política de compras públicas sostenibles.
Melina Velázquez, responsable del programa, explicó que con este mecanismo, la institución habilitará un espacio especial en el portal donde los encargados de adquisiciones podrán ordenar la compra con un click, similar a la experiencia a la compra electrónica realizada a través de Amazon.
Señaló que, de esta manera, se simplifica el proceso de licitación y se da participación a aquellas empresas que habitualmente no son proveedoras del Estado.
Al ser consultada sobre el plazo de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), respondió que depende de cada organismo estatal, porque en definitiva depende de si abonará con recursos propios o de Hacienda. Por lo tanto, recomiendan que agilicen a máximo los pagos.
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Además, facilitó un resumen del tiempo que demoran las instituciones en pagar a sus proveedoras (ver infografía). La lista lidera el Ministerio de Salud, del que no lograron respuestas acerca de los motivos de sus demoras: Le sigue el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo gerente administrativo y financiero, Armando Amarilla, se justificó diciendo que tienen problemas en la recaudación.
“No puedo asegurar pago a las mipymes porque arrastramos deudas con otras proveedoras”, dijo.
Demasiadas exigencias
Guillermina Coronel, referente de mipymes, lamentó la excesiva burocracia para postularse como proveedora del Estado. “La plataforma es solo para las empresas que están bancarizadas, además pide personal en IPS y el Ministerio de Trabajo”, dijo y recordó que la cédula mipyme del Ministerio de Industria permite solo por 2 o 3 años no tener personal.
En el país hay 870.598 empresas, el 97% son mipymes.
En el Ministerio de Trabajo solo figura 47.031 mipymes, cifra de las empresas que están registradas en el IPS, es decir, la cantidad de estas firmas que cumple el aporte social obligatorio es mínima, conforme a los reportes oficiales.
En Chile, por ley debe abonarse en 30 días
Maricel Ibáñez, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), sede Paraguay, sostuvo que el Estado cumple un rol protagónico para garantizar recursos a las mipymes, sobre todo en esta crisis económica derivada con la pandemia del coronavirus. A modo de ejemplo, mencionó que en Chile desde el año pasado rige la “Ley de pago a 30 días”, que establece entre otros puntos, que las facturas –de cualquier tipo de empresa– deben ser pagadas como regla general, en un plazo máximo de 30 días desde su recepción.