ANNP prepara mudanza para dar paso al casino

CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La decisión del Gobierno de acompañar la instalación de un “Hard Rock Hotel Casino” en el predio de la ANNP avanza sin traba alguna. 

El administrador de la ANNP en la terminal portuaria de Ciudad del Este, Catalino Troche, explicó que el miércoles último, junto con miembros del directorio de la institución, realizaron una visita a las instalaciones de Campestre SA ubicada en el kilómetro 10 Acaray, y que su propietario, Georginio Ever Rojas Borja, se comprometió a entregar la infraestructura en condiciones para su utilización, dentro de 30 días.

De este modo, explicó Troche, se espera que para principios de junio se empiecen a instalar los sistemas informáticos como Sofía y Techaukarã, que permitirán el funcionamiento, en Campestre, de las oficinas de la Aduana y la ANNP. Señaló que el nuevo lugar contará con el mobiliario necesario y no hará falta mudar escritorios, sillas y demás enseres que se utilizan actualmente. 

Según la resolución 132, firmada el 2 de marzo pasado por el director nacional de Aduanas, Nelson Valiente, la institución a su cargo deberá comenzar a operar en Campestre SA el 1 de julio próximo.

Para la mudanza, luego del llamado a licitación, el directorio de la ANNP emitió el 28 de marzo la resolución 67/17, por la que adjudica a Campestre SA, de Georginio Ever Rojas Borja, el alquiler de sus instalaciones, desde mayo del 2017 hasta abril del 2019, por un total de G. 1.800 millones divididos en G. 75 millones mensuales. No se presentaron otras ofertas a este llamado, según la página web de Contrataciones Públicas.

Despachos menores

Paralelamente, dentro del predio de la ANNP en la zona primaria del Puente de la Amistad, al fondo, también se está planificando lo que serían las oficinas para el trámite de despachos menores, que no podrán trasladarse a Camprestre porque dependen del sistema de control integrado que se realiza con funcionarios de la Receita Federal, institución aduanera brasileña. Troche dijo que hay un proyecto de readaptación de ese sector, que se prevé tenga salida a la calle Coronel Toledo, hacia el barrio San Rafael.

Pese a tener el pliego de bases y condiciones aprobado, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) no realizó todavía el llamado a licitación para la concesión del privilegiado predio de once hectáreas, con el fin de construir un hotel casino privado, para su explotación por 30 años o más. Con todo, avanza sin mayores inconvenientes el plan del Gobierno de beneficiar a un grupo empresarial privado, liderado por el norteamericano dueño de una cadena de duty free, Simon Falic, proveyendo las mejores tierras públicas del Este para que desarrolle su emprendimiento.

Hito fundacional 

El proyecto lo quieren llevar a cabo pese a que en ese lugar está instalado el hito fundacional de Ciudad del Este. Además, para un sector importante de la población esteña, el edificio aduanero, construido en 1962, y todo su entorno y la espectacular vista que allí se tiene del río Paraná, constituyen un patrimonio histórico y cultural que debería preservarse.

Funcionarios de Puertos y su abogado, Nicolás Russo, insisten en que, independiente del valor del inmueble, la “jugada” del gobierno es ilegal, ya que, entre otras cosas, la Ley 1066/65, de creación de la ANNP, en su artículo 19 señala que “a los miembros del Directorio les está prohibido: a) Comprometer directa o indirectamente los intereses de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto”, considerándose que la construcción de centros comerciales, casinos y hoteles, no son la finalidad de esa institución.

En gobiernos anteriores, otras cuatro empresas privadas pretendieron acceder al privilegiado inmueble público para llevar adelante proyectos similares a los que pretende el grupo de Falic bajo la franquicia del Hard Rock Hotel Casino. En el 2013 se llegó a firmar un contrato para ello con la empresa Suisse Investment Corp, pero se consideró ilegal, que fue rescindido bajo la administración del presidente Horacio Cartes. Quienes rubricaron ese contrato, entre ellos el diputado Fernando Nicora (PLRA), hoy están procesados por estafa en el Ministerio Público.