No se trata solamente de “papeles”, advierten, sino de documentos relacionados con actos jurídicos de relevancia en toda sociedad organizada.
La hecatombe de la Triple Alianza (1864-1870) dejó al país sumido en el caos, la desorganización política y una profunda crisis económica. Los gobiernos inmediatamente posteriores enfrentaron el enorme desafío y la titánica labor de reconstruir el Estado.
Sin embargo, la tarea encontraba como primer obstáculo el hecho de que no existía un punto desde el cual partir, es decir, ni se sabía cuántos habitantes tenía el país, ni el Estado contaba con un registro que asegurara la identidad de las personas. Hasta entonces, todo quedaba limitado a los archivos de la Iglesia Católica.
En ese marco, hacia 1880, bajo el gobierno de Bernardino Caballero, se establece el Registro Civil de las Personas, que desde entonces viene funcionando con el objetivo de habilitar los libros en los que se deben inscribir obligatoriamente “los hechos y los actos jurídicos relativos al estado civil” (nacimientos, adopciones, matrimonios y defunciones).
El director general del Registro del Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, Néstor Stelatto Mojoli, explica que si bien se registraron grandes avances en la institución a su cargo durante los últimos años, aún existen desafíos que deben ser asumidos para que la misma cumpla un servicio adecuado a la realidad presente.
Entre esos retos, se destaca el hecho de que en el Paraguay aún existen aproximadamente 350.000 personas sin identidad, debido al hecho de que las mismas nunca han sido inscriptas en el Registro Civil.
Los problemas principales se derivan de las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución. En la actualidad, existen 72 vacancias de oficiales de registro.
A pesar de las dificultades y gracias a la cooperación de organizaciones como la OEA y Unicef, pueden emprenderse labores que serían de difícil desarrollo por cuenta propia. Con este último organismo y Plan Paraguay, por ejemplo, pudo implementarse un plan mediante el cual se registraron a 28.000 niños de escuelas rurales y a 1.200 padres.
Patrimonio
Por mandato legal, el Registro Civil tiene la misión de archivar todos los documentos generados por la institución desde 1880 hasta la fecha. Desafortunadamente, la falta de recursos presupuestarios impide que los documentos sean conservados en forma, existiendo la seria amenaza de que al menos 150.000 documentos relativos a la identidad de las personas sean literalmente “destrozados”, como refiere Mojoli.
La antigüedad de los documentos, el lógico deterioro del papel, un manejo no siempre adecuado por parte de los funcionarios –y hasta el hurto en épocas de la dictadura– constituyen los principales peligros que se ciernen sobre este patrimonio histórico del Registro Civil directamente vinculado, huelga decirlo, con más de 130 años de vida institucional de la República.
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