El texto aprobado ayer por el pleno consta de 27 puntos y esperan la respuesta del Ejecutivo en 15 días.
Se requieren copias de actas de reuniones firmadas con RTA; quiénes participaron de la firma de la “hoja de términos”; quiénes del Gobierno viajaron a Canadá invitados por RTA y quién se hizo cargo de los gastos (uno de los que viajaron invitado por esa empresa canadiense es el presidente Federico Franco). Igualmente pide informes sobre ofertas a otras industrias electrointensivas para comparar ventajas; si se recurrió a la ANDE para el cálculo de la tarifa de energía eléctrica que se otorgará a la planta de aluminio; por qué el actual Gobierno dice que la tarifa para cesión de energía será lo último en negociar; cuánto ha desembolsado hasta ahora el Gobierno para las gestiones con RTA; si existe algún informe técnico de impacto ambiental; cómo serán tratados y procesados los desechos resultantes del proceso de fundición de aluminio; si el Gobierno invertirá dinero para dotar de infraestructura a la empresa RTA; sobre instalación de un parque industrial y la tarifa de energía para las industrias de ese parque industrial, entre otros puntos.
Este tema fue ampliamente debatido ayer en el pleno. Hubo varios cuestionamientos, como el del senador Amancio López Irala.
Este dijo que en Salto del Guairá se piensa inaugurar 8 shoppings que utilizarán apenas el 5 por ciento de la energía demandada por RTA, y en contrapartida permitirá crear 1.600 puestos de trabajo. En tanto que RTA utilizaría una turbina y media de Itaipú y solo crearía 1.200 puestos de trabajo. “Es muy importante debatir a fondo si conviene o no al país”, dijo.
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