Disidentes quieren levantar veto al PGN, pero la tendencia favorecería a Cartes

El movimiento disidente Colorado Añetete se mantiene en su posición e irá por el rechazo del veto, al igual que los demás partidos opositores (PLRA, FG, AV). Pero igual la tendencia es que persista el plan del Ejecutivo, ya que son mayoría en Cámara Baja, donde prácticamente se definirán los aumentos para Salud, MEC, ANDE e INC.

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El movimiento Colorado Añetete, liderado por el candidato presidencial Mario Abdo Benítez, se mantiene en su posición de rechazar el veto del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018. El “abrazo republicano” aparentemente no incluyó acuerdo respecto a este tema y aseguran contar con 12 votos en la Cámara de Diputados, posición que también acompañarían el PLRA (efrainistas), y demás partidos independientes y opositores, afirmó ayer el diputado Dany Durand.

Para levantar el veto debe haber acuerdo en ambas cámaras (Senado y Diputados), y la falta de quorum dejará firme el veto parcial del PE. En primer término, en Cámara Baja se necesitará de mayoría absoluta de 41 votos; caso contrario prosperará el plan del Ejecutivo de excluir los aumentos adicionales para Salud, ANDE, MEC e INC, por más que los senadores tengan los votos para el rechazo.

“Vamos a ratificarnos en los aumentos salariales que autorizamos y vamos a rechazar ese veto parcial del Poder Ejecutivo. Lo que se está pidiendo no va a desequilibrar al país, se creó un tabú por la cuestión política, hay un poco de hipocresía con todo esto, hablamos de US$ 40 millones que no va hacer una gran diferencia en el Presupuesto”, acotó Durand.

Por su parte, la senadora Desirée Masi indicó que en Senado cuentan con los votos necesarios (23) para el rechazo. La legisladora también defendió los aumentos para los sectores en discusión, y alegó que hace rato ya el fisco sobrepasó la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Esto indicó en referencia al acuerdo para el sector docente del 12% que contó con la aprobación de Hacienda. “Sin embargo, cuando los legisladores quisimos aumentar 8% a Salud, resulta que ahí estamos violando la Ley”, expresó.

Por su parte la Alianza Ganar que representa a la línea opositora del PLRA y el Frente Guasu sentó postura contra el veto y a través de un comunicado aseguró que pelearán para levantar la medida impuesta por el Poder Ejecutivo.

“Cartes ha vetado un modestísimo reajuste para maestros, enfermeras y trabajadores de la ANDE, que apenas si es que restituye la pérdida del valor adquisitivo del salario en los desastrosos casi cinco años de “nuevo rumbo”, que ha enriquecido cada vez más a los más ricos, como son los contrabandistas de cigarrillo, y empobrecido a la inmensa mayoría de la población”, dice parte del comunicado que enviaron ayer.

La comisión permanente convocó para este martes 2 de enero a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para las 9:00 y a la Cámara de Senadores para las 15:00 para tratar el Presupuesto General de la Nación 2018. 

El presidente del veto 

Si bien el veto del presupuesto es una atribución del Poder Ejecutivo, hasta ahora solo la Administración actual se ha animado a dar este paso. De acuerdo con los antecedentes, en su momento Nicanor Duarte Frutos optó por un veto parcial debido a incrementos salariales en el área de salud, pero asesorado por su ministro de Hacienda Dionisio Borda decidió retirarlo antes del tratamiento en el Congreso.

También Fernando Lugo pensó vetar el presupuesto en 2011 cuando los aumentos salariales superaron el 30%. Con asesoramiento de su ministro decidió promulgar el PGN con correcciones en el plan financiero, coincidentemente también con Dionisio Borda.

Objeciones del Ejecutivo

Las objeciones parciales del Ejecutivo afectan al artículo 2 de la Ley 6026/2017 sancionada por el Congreso que determina incrementos a docentes del MEC (4%) y Salud Pública en 8%. En cuanto a los entes descentralizados también se objetó el incremento de 600.000 guaraníes para funcionarios de la ANDE y aumento general del 12% para trabajadores de la INC. El Ejecutivo reclama que los aumentos adicionales en salarios sancionados en el Congreso de unos US$ 87 millones generaron un desfinanciamiento de US$ 40 millones, llevando el déficit fiscal por encima del tope establecido en 1,5% del PIB.

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